Sudáfrica defiende la legalidad de los 10 millones

El ministro de Deportes sudafricano, Fikile Mbalula, defendió hoy la legalidad de un pago de 10 millones de dólares que supuestamente el Gobierno de Sudáfrica entregó a la FIFA para comprar votos y ser elegida como sede de la Copa del Mundo de Fútbol de 2010.

"No fue un soborno y los fondos fueron debidamente entregados a una organización legítima", afirmó en rueda de prensa Mbalula, quien añadió que "están esperando más detalles" de la investigación que el FBI estadounidense está llevando a cabo contra la FIFA.

Con respecto a la reciente dimisión del recién reelegido presidente de la FIFA, Joseph Blatter, Mbalula reconoció su sorpresa y resaltó que "era un buen amigo de Sudáfrica".

Por su parte, el director general del Departamento de Deportes y Ocio, Alec Moemi, señaló que "hay una diferencia clave entre un soborno y un apoyo legítimo para el proyecto".

Moemi insistió en que el dinero fue entregado para proyectos que debían promocionar el fútbol. "Aun así, (Sudáfrica) hubiera tenido derecho de alojar la Copa Mundial sin ese pago a la Confederación de Fútbol de América del Norte, Central y el Caribe (CONCACAF)", aseveró Moemi en declaraciones recogidas por medios locales.

El que fuera presidente del Comité Organizador Local del Mundial de 2010, Danny Jordaan, reconoció la semana pasada el pago en 2008 de 10 millones de dólares a la FIFA, aunque también negó que fuera un soborno, ya que ese dinero estaba destinado a promover el desarrollo del fútbol de la "diáspora africana" en la zona.

Moemi afirmó que "fue idea del Gobierno sudafricano y de la SAFA entregar el dinero a la CONCACAF como parte del legado de la diáspora africana".

Las declaraciones de Jordaan, publicadas en el Sunday Independent, aparecieron días después de que una investigación del FBI acusara a dirigentes de la FIFA de recibir 10 millones de dólares de Sudáfrica a cambio de su apoyo en la votación final sobre el país anfitrión del Mundial de 2010.

El ministro de Deportes insistió hoy en la necesidad de "defender la legalidad de la Copa del Mundo de 2010 y la reputación de Sudáfrica", que se ha visto comprometida tras el escándalo.