Justicia implica a la Juve en presuntas trampas de Suárez en examen de italiano
El club reafirma "con fuerza" que el dirigente "actuó de manera correcta"
La justicia italiana cree que los dirigentes de la Juventus están implicados en el posible fraude del uruguayo Luis Suárez en un examen de italiano, previo a su frustrado fichaje por el club, informó este viernes en un comunicado.
"La investigación ha permitido comprender como, al principio del mes de septiembre, los dirigentes del club turinés se activaron, incluido el más alto nivel institucional, para acelerar el reconocimiento de la ciudadanía italiana a Suárez", señaló este viernes en un comunicado la fiscalía de Perugia, en el centro de Italia, encargada de la investigación.
La Juventus confirmó horas después en un comunicado que su director deportivo Fabio Paratici estaban siendo investigado por la fiscalía de Perugia.
El club reafirma "con fuerza" que el dirigente "actuó de manera correcta" confiando en que "la investigación arrojará luz sobre su papel en un plazo razonable".
Suárez, que al final no fichó por la Juventus sino por el Atlético, es sospechoso de haber hecho trampas, con la complicidad de profesores italianos, para pasar el 17 de septiembre este examen, primera etapa para obtener un pasaporte italiano, que le era indispensable para fichar por el gigante de Turín.
Solo cinco días después la fiscalía de Perugia anunció la apertura de una investigación contra los dirigentes de la universidad para extranjeros en la que el atacante italiano había superado los exámenes, acusados de haberle dado las respuestas a las preguntas antes de la prueba.
En las escuchas ordenadas por la fiscalía, una de las personas investigadas dice que el jugador debe obtener el diploma porque "con un salario de 10 millones (de euros) por temporada, no puedes suspenderlo, incluso si no sabe conjugar los verbos y habla en infinitivo".
Este viernes la fiscalía reiteró estas acusaciones, evocando un "examen-farsa" que respondía a "las demandas avanzadas por la Juventus" y propuso suspender durante ocho meses a los dirigentes de la universidad, un requerimiento aceptado por el juzgado de Perugia.