¿Qué es el Tribunal Electoral?

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral de Panamá (TE) es el máximo órgano gubernamental responsable del registro civil, la identidad, el estado civil y las elecciones en la República de Panamá.

Esta institución, que es independiente de los órganos Ejecutivo y Órgano Judicial, fue creada con la iniciativa de los expresidentes Ricardo Arias Espinosa y Ernesto de la Guardia Jr, quienes adoptaron una reforma constitucional en 1956 y donde le otorgaba a la institución independencia de los órganos del estado.

Entre las facultades otorgadas al organismo, además de organizar las elecciones, se encuentra el proceso de cedulación y registro, que era facultad del Registro Civil. En 1958 la cédula panameña pasa a ser gratuita y de portabilidad obligatoria para todos los habitantes, nacionales o extranjeros residentes.

El Tribunal Electoral está integrado por tres magistrados que son designados en forma escalonada para un periodo de diez años. Las designaciones son realizadas por cada uno de los tres órganos del estado, de acuerdo a la Constitución Política; uno que representa a la Asamblea Nacional, uno por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y uno por el Órgano Ejecutivo.

El TE tiene como objetivo "Lograr la excelencia electoral, registral y de identificación, mediante la educación, la capacitación y la innovación tecnológica permanentes, para brindar servicios eficientes en pro del perfeccionamiento de la democracia y de los derechos de los ciudadanos, en un Estado de derecho".

Entre sus facultades están:

• Dirigir y fiscalizar el registro de los hechos vitales y actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas.
• Garantizar con precisión la identificación de las personas registradas en la institución.
• Garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
• Garantizar que los partidos políticos y candidatos de libre postulación, expresen el pluralismo político para el perfeccionamiento de la democracia.
• Garantizar la participación política de los partidos políticos y de los candidatos de libre postulación.
• Ejercer la justicia penal electoral conforme lo disponga la ley.
• Mejorar continuamente los servicios que se prestan, apoyados en la descentralización y el uso de tecnologías confiables y efectivas, contribuyendo con la educación, participación cívico-electoral, y fortalecimiento de nuestra democracia, para dejar el legado de un mejor país para las futuras generaciones.