Torrijos sobre el tema minero: 'Los contratos no están escritos en piedra'

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de una reunión Directorio Nacional Extraordinario el Partido Popular (PP), el candidato presidencial del colectivo, Martín Torrijos, se pronunció al respecto de este contrato, asegurando que "los contratos no están escritos en piedra, con voluntad las cosas también se puede arreglar".

El pasado viernes 20 de octubre, los diputados de la Asamblea Nacional discutieron y aprobaron en primer, segundo y tercer debate el proyecto de Ley 1100 sobre el contrato minero.

Ley que ya fue sancionada por el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, y firmada por el ministro de Comercio e Industrias Federico Alfaro, además de ser promulgada en Gaceta Oficial la Ley 406 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A.

“Este contrato, si bien fue aprobado de manera apresurado, hay formas desde el gobierno para mejorar las soluciones de los panameños”, expresó Torrijos. 

De acuerdo con el también expresidente, "avergüenza" que teniendo la oportunidad de haber corregido el contrato Ley para el beneficio de la mayoría de los panameños de hoy hacia el futuro se haya perdido.

“No es la primera vez que este Gobierno hace lo mismo. No solo pierde la oportunidad, sino que no hace el esfuerzo. Se genera una especie de burla cuando se abre la oportunidad para la participación. Ese apuro. Ni leyeron el contrato Ley para asegurarnos de que esos cambios están ahí”, manifestó.

Agregó que esto es una responsabilidad que recae sobre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Este domingo 22 de octubre, el PP estará eligiendo a los aspirantes para los cargos de representantes de corregimiento y concejales.

La posición de la administración Cortizo

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, indicó luego de la aprobación del contrato minero por parte de la Asamblea correspondía al Órgano Legislativo remitir al Ejecutivo para la sanción.

Alfaro indicó que luego de la sanción habrá un efecto retroactivo, donde el Gobierno debe recibir un pago de 395 millones de dólares por parte de la minera. El cual debe pagarse 30 días después de la aparición del contrato en Gaceta Oficial.

Sobre las protestas, el ministro de Comercio indicó que una democracia las personas tienen derecho a protestas, reconociendo que la discusión del contrato minero “despertó pasiones”, pero añadió que el cierre de calles sin afecta a tercero y trae consecuencias perjudícales para la economía.