La revocatoria de mandato: ¿una herramienta factible para hacer cumplir a los independientes?
Coalición Vamos
Panamá/Presentar una solicitud ciudadana para revocar el mandato de cualquier autoridad de elección popular es fácil. Lo difícil sería cumplir con las dos fases del proceso: la recolección de firmas y el referéndum. En Panamá, a la fecha, no se ha logrado que esta iniciativa triunfe, pero ya ha habido pasos en esa dirección.
Precisamente, es este el método que sería utilizado por la coalición Vamos para sacar de su curul a los diputados de la bancada independiente que no cumplan con el pacto social que suscribieron con la coalición: participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y la lucha por políticas públicas que contribuyan a la transformación de Panamá.
La bancada de Vamos suma 20 diputados; sin embargo, solo 19 han sido preparados por el movimiento que dirigen los diputados independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva.
El temor ciudadano de que estos diputados puedan cambiar su línea dentro de la Asamblea Nacional, donde abundan las partidas, nombramientos, prebendas y demás argucias para quebrar posturas y comprar lealtades, está latente.
En el Legislativo ya se han dado casos donde figuras que llegan como independientes deciden sumarse a bancadas mayoritarias de partidos políticos, traicionando así a los ciudadanos que les dieron su respaldo en la recolección de firmas, creyendo que se mantendrían alejados de los colectivos políticos.
Vamos, confía
Sin embargo, el exdiputado Vásquez confía en el proceso riguroso de selección que hizo Vamos con los 19 diputados de los 20 diputados que conformarán la bancada.
“Confío en que entienden que nos jugamos el futuro del país”, pero ha dicho en reiteradas entrevistas, que de no hacerlo, él será "el primero en salir a buscar las firmas para sacarlos del cargo”. El independiente, que se ha comprometido en asesorar y ayudar a los diputados de esa bancada, sostiene que el poder "emana del pueblo"; y es precisamente el pueblo quien debe sacar a las autoridades que no cumplan con su rol.
Javier Ordinola, experto en temas electorales, asegura que no es difícil presionar con la revocatoria; lo que sí no quedaría claro son los motivos o las causas para solicitarla. Recordando que la revocatoria ciudadana no guarda relación con la de los partidos políticos, donde no seguir las directrices de las cúpulas se convierte en un motivo de revocatoria o expulsión.
Un ejemplo reciente de un intento de revocatoria de mandato ciudadano y no de diputados, se inició en 2021 contra el entonces alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, pero no llegó a buen puerto. Los ciudadanos no lograron recoger las firmas estipuladas en el periodo establecido.
Se trataba de la recolección de 198,920 rúbricas. Este fracaso, muchos se lo atribuyeron al Tribunal Electoral. Entre ellos, el actual vicealcalde electo del distrito de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, quien fue el impulsor de dicha revocatoria.
En su momento, Ruiz Díaz, dijo que el decreto tenía muchos vacíos y que no hubo la posibilidad de hacer ningún tipo de publicidad, ya que el TE lo restringe.
Para ese entonces, Ordinola también señaló que el mecanismo está diseñado para que no se pueda lograr el objetivo. Dijo que buscar firmas y luego ir a referéndum es un “desgaste”. Eso, dijo, no es democrático, “porque para elegirlo es un solo proceso, una sola elección”.
El proceso
La reglamentación de la revocatoria de mandato por la vía ciudadana es bastante joven. El 24 de noviembre de 2020, el Tribunal Electoral decidió reglamentar el procedimiento mediante el decreto No. 49, estableciendo los requisitos a cumplir y cómo se debe realizar la solicitud, señalando que no era necesario causales específicas. Dejó abierto el proceso a cualquier interesado que mostrara interés en iniciar el proceso, previa recolección de firmas, un 30% del padrón electoral del año de las elecciones del funcionario a ser objeto de la revocatoria.
Por lo tanto, todo ciudadano bajo un interés y derecho legítimo, que se encuentre en uso de sus derechos civiles y políticos, puede iniciar un proceso de revocatoria de mandato contra alcaldes, representantes y diputados independientes.
El 30% de firmas dentro del periodo establecido varía según la población que tiene cada jurisdicción. El Tribunal Electoral tendría hasta tres meses para proceder a convocar a lo que se denominaría un plebiscito o referéndum revocatorio. En este referéndum, el ciudadano deberá marcar en una papeleta si quiere o no quiere revocar un mandato, y la opción que más votos obtenga será la triunfadora.
Cabe señalar que si si triunfa la papeleta del sí, el Tribunal Electoral mantiene la teoría de que el suplente debe tomar el cargo.