Procurador Rigoberto González: 'Cuestionar siempre será un derecho del ciudadano'

Ciudad de Panamá/El procurador de la Administración de Panamá, Rigoberto González, declaró su posición ante el otorgamiento de auxilios económicos del Ifarhu y resaltó la importancia del acceso libre de la información pública.

El marco de las elecciones presidenciales 2024, ha causado múltiples dudas en la ciudadanía sobre la gestión de fondos públicos en diferentes órganos gubernamentales, por lo que, tópicos como el otorgamiento de auxilios económicos han causado revuelo en el país.

Mientras ejercía su derecho al voto en el Colegio La Salle, el procurador Rigoberto González comentó que la gestión de fondos públicos correcta debe basarse en la integración de la ética y el correcto cumplimiento de la ley, ya que solo un servidor público integro puede gestionar y administrar la ley para beneficiar al ciudadano.

Existe una necesidad de actuar de manera responsable y coherente, no solo en cumplimiento de la ley, sino también respetando los valores fundamentales, se vuelve un punto clave en el desarrollo de una gestión pública eficiente y transparente"

González enfatizó que el cumplimiento de esta normativa garantizaría que situaciones fortuitas no ocurrieran como en el caso de los auxilios económicos. Recalcando que estos deben otorgados de manera justa y equitativa, dirigidos solo a quienes los necesitan y se lo merecen.

“Cuando hablamos de este tema de los auxilios económicos, nunca olvidemos que la misma palabra te está diciendo, si es un auxilio, debe ser para personas que realmente se lo merecen. Y al merecérselo también debemos tener presente el análisis y el estudio que corresponde”, indicó el procurador González.

Finalmente, el procurador González subrayó que, ante cualquier situación, los servidores públicos deben asesorar y facilitar respuestas a las interrogantes de la ciudadanía. Estos no poseen la potestad de negarle el acceso a la información pública a los ciudadanos, ya que el acceso libre a la información pública es su derecho constitucional.

“Siempre será un derecho del ciudadano cuestionar y nosotros los servidores públicos a asumir los cuestionamientos y las críticas, no como un ataque personal, sino que nos están cuestionando en el ejercicio en forma como llevamos a cabo nuestras funciones”, indicó González.