Miles de dólares detrás de las impugnaciones contra diputados electos

Panamá/A pesar de que, durante las reformas al Código Electoral en 2017, se consensuó subir el costo de las impugnaciones para los siguientes comicios, con el fin de frenar la avalancha de impugnaciones que se dieron en 2014, esto no ha sido impedimento para que en estas elecciones quienes se sientan afectados presenten sus quejas.

Para impugnar a cualquier candidato se debe presentar una demanda junto con una fianza. Solo para el cargo de diputados, donde la impugnación cuesta $25,000, se han impugnado a unos 19 diputados en ocho circuitos electorales. Lo que arroja que en total se han desembolsado en el pago de fianzas unos $200,000.

Esto es así, debido a que en el circuito 8-2 se presentaron dos denuncias; y el circuito 8-6, se excluye de la fianza a la impugnación que presentó la Fiscalía Electoral.

El Código Electoral dice en su artículo 471, que "el monto de la fianza es independiente de la cantidad de candidatos impugnados". Además señala que la Fiscalía Electoral está exenta de computar la fianza a los juzgados.

¿Quién paga? ¿Se requiere reforma?

Es el impugnante quien debe hacer efectiva la fianza ante el juzgado, corriéndose el riesgo de que, si pierde el caso, los fondos sean entregados al impugnado.

Para el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien el pasado 5 de mayo salió electo como vicealcalde del distrito de Panamá, lo que está pasando es “una feria de impugnaciones”. A su juicio, quienes están impugnando saben que no tienen posibilidad de modificar el resultado, pero si fuese el caso de cambiar el resultado, igual no tienen opción de ganar. “Son impugnaciones que van dirigidas a afectar la conformación de la Asamblea”, dijo.

Considera que la próxima reforma electoral debe ser evaluada, pues más allá de la fianza debe existir una responsabilidad civil por el perjuicio que se ocasiona, no solo al candidato electo, sino también a la Asamblea.

De hecho, el tema de reformar las fianzas de impugnaciones y aumentar el costo fue una queja de diputados que se vieron afectados en los comicios de 2014, entre ellos, Carlos Tito Afú, quien tuvo que repetir elecciones y volvió a ser proclamado ganador de la curul del 7-1, provincia de Los Santos. En estas elecciones Afú obtuvo la curul del 7-1.

Pero, en palabras del analista político Javier Ordinola, "no todas las demandas presentadas pueden ser calificadas de impugnaciones irresponsables". Señaló que "hay colegas que son serios y que no se prestarían para ser apoderados de candidatos que están tratando de pescar en río revuelto, sino porque habría probablemente situaciones en las actas que llevan a impugnar”.

Ordinola refuta la opinión de Ruiz Díaz, al considerar que el pago de las fianzas son muy elevados. "Siento que $25 mil son mucho dinero para impugnar a un diputado. Aquí hay que acabar con la mala costumbre de quemar las papeletas, si nosotros no quemaríamos las papeletas muchos de estos procesos se resolverían rápidamente", planteó.

Los impugnados y las causales

Ayer, la lista de diputados objetados aumentó, al conocerse que Cecibel García, mamá de la diputada Katleen Levy, impugnó a todo el circuito 8-6.

Con este caso, se suman a la lista de diputados electos impugnados: Betsarai Richards, del Movimiento Independiente Panamá; Manuel Samaniego, de la coalición Vamos; y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático.

En este circuito se eligen cuatro diputados, pero ya Alaín Cedeño fue impugnado por la Fiscalía Electoral, por lo que esta nueva impugnación se le acumulará, de acuerdo a la norma electoral.

La demanda del circuito 8-6 y la de Cedeño están en manos del Juzgado Cuarto Electoral.

A la lista de impugnaciones también se suma la de Nelson Jackson del circuito 3-2, Colón

Mire aquí el cuadro de las impugnaciones:

Entre las causales para presentar una impugnación está que el cómputo de los votos consignados en las actas de las mesas de votación o en las actas de los escrutinios generales contenga errores o alteraciones, así como el cierre de la mesa de votación antes o después del tiempo estipulado; y el haberse excedido los topes de gastos de campaña, entre otros.

Precisamente, los impugnantes, en su mayoría, han alegado dentro de sus demandas inconsistencias en las “actas” y “exceso” en los topes de gastos de campaña.

Las demandas de impugnación deberán interponerse desde la proclamación y hasta tres días hábiles después de la publicación en el Boletín Electoral.

Se espera que a finales de esta semana se conozcan las primeras decisiones de los juzgados electorales del Tribunal Electoral, con respecto a la admisión o rechazo de estas impugnaciones.