Caso Mulino evidencia diferencias entre los magistrados del Tribunal Electoral

Ciudad de Panamá, Panamá/En las últimas semanas, de cara a las elecciones generales del próximo 5 de mayo, se ha hecho evidente la falta de consenso y comunicación entre los tres magistrados del Tribunal Electoral. Esta situación podría estar complicando la administración del proceso electoral, generando incertidumbre o falta de claridad en momentos en que la confianza de los electores en esta institución resulta absolutamente indispensable.

La demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de José Raúl Mulino, candidato de la coalición Realizando Metas (RM) y Alianza, en base al Acuerdo de Pleno 11-1 del 4 de marzo de 2024 emitido por el Tribunal Electoral, es precisamente el tema donde los magistrados han mostrado mayor descoordinación.

Mediante dicho acuerdo, los magistrados avalaron a Mulino como la figura presidencial de RM y Alianza, después de que su principal, el expresidente Ricardo Martinelli, quedara inhabilitado tras agotar toda posibilidad o instancia de apelación, por mantener una condena de más de cinco años por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Públicamente, cada magistrado ha expresado opiniones distintas. Según analistas políticos, esto sugiere la pérdida del consenso o unanimidad del que gozaban las decisiones del tribunal en el pasado, que no existe una comunicación efectiva entre ellos o que hay diferencias significativas en sus decisiones.

¿Qué han dicho?

Por ejemplo, el 4 de marzo los tres magistrados hicieron el anuncio de su decisión sobre el Acuerdo del Pleno 11 en una conferencia de prensa cerca de las 10:00 p.m., que fue leída por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, acompañado de los magistrados Eduardo Valdés Escoffery y Luis Guerra.

Ese día, Juncá destacó que la decisión de inhabilitar a Martinelli se tomó "acatando el mandato constitucional y las normas electorales".

En pro de la transparencia, ninguno de los magistrados mostró su posición de desacuerdo con el mencionado Acuerdo.

El 3 de abril, antes del debate sobre el turismo en la sede del Parlamento Latinoamericano, el magistrado Luis Guerra afirmó que “vamos a imprimir la papeleta con los candidatos presidenciales que tenemos”, al ser cuestionado por periodistas sobre si la Corte había tomado una decisión en el caso Mulino.

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Al día siguiente, el magistrado y presidente del Tribunal, Alfredo Juncá, durante un recorrido por la imprenta de la entidad, matizó el asunto diciendo: “Sea cual sea la decisión que la Corte tome, el Tribunal Electoral está preparado para presentarle al electorado la papeleta en la forma que deba quedar finalmente. La Corte puede determinar lo que a bien tenga y nosotros debemos acatar los fallos que la Corte dicte en esta materia”.

Una semana después el 17 de abril, Juncá dejó claro, que el tema del candidato Mulino es un caso de la Corte Suprema de Justicia. “Realmente no es un tema del Tribunal Electoral, es un tema de la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en estos momentos resolviendo un fallo de inconstitucionalidad", dijo el magistrado, quien puso un alto esa semana a la opinión del presidente de la República, Laurentino Cortizo de que el caso de la candidatura de Mulino era un problema del Tribunal Electoral.

Días después, el sábado 21 de abril, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery explicó a los periodistas que habían enviado sus descargos a la Corte sobre el caso Mulino y anunció que solicitaron una opinión que está “circulando” a José de Jesús Orozco, exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Ha razonado en un documento histórico, que es una pieza jurídica, en la cual sostiene que la decisión del Tribunal es absolutamente legal y constitucional; y cumple a nivel de las convenciones de tratado de derechos humanos con todos los estándares de exigencias para el respeto de los derechos individuales de las personas”, expresó el funcionario.

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El voto razonado, tras una apelación

Sin embargo, el martes siguiente, allegados a Juncá informaron sobre la existencia del voto razonado del magistrado, una opinión que se dio debido a la apelación presentada por el abogado Alejandro Pérez, en contra de la inhabilitación del expresidente.

El 9 de marzo, bajo el Acuerdo de Pleno 13-1, Juncá expuso que su opinión de rechazo estaba en el Acuerdo 11-1, específicamente en la parte que decía “tesis”. “Es mi deber como panameño, abogado y magistrado presidente de esta institución exponer que, en lo relacionado con el punto 2, específicamente, me ratifico en mi posición inicial que fuera descrita en la tesis A dentro del Acuerdo 11-1 del 4 de marzo de 2024”, se lee en su voto razonado sobre la apelación.

El punto 2 se trata sobre la aparición de Mulino en la boleta de votación, punto con el que está en desacuerdo Juncá.

Tanto el Acuerdo 11-1, así como la apelación y el voto razonado de Juncá fueron publicado en el Boletín Electoral el 12 de marzo.

Anteriormente, en el Acuerdo 11-1, los magistrados, sin precisar disconformidad, plasmaron que el “pleno, después de un amplio y profundo análisis” sobre ambas opciones [si Mulino debe ser o no candidato] llega a una decisión “por consenso” de inhabilitar a Martinelli y que en la boleta de votación aparezca Mulino y la remoción de toda propaganda del expresidente.

El tema de la inhabilitación o no de la candidatura de José Raúl Mulino se encuentra en manos del magistrado de la Corte, Olmedo Arrocha, quien deberá hacer circular su fallo entre sus ocho colegas para que cada uno emita su opinión sobre el caso. Pero a 11 días para las elecciones del 5 de mayo, parece que los magistrados principales no quieren tomar parte en el asunto y algunos se han ido de vacaciones o de viaje dejando a cargo a sus suplentes.

El país está a 11 días para las elecciones generales.