Arrocha: 'Blandón necesita al menos el 40% de la membresía para reclamar legitimidad'

El precandidato a la presidencia de la República, por la libre postulación, Melitón Arrocha, se refirió a distintos temas del acontecer nacional y su recorrido como candidato independiente.

Primeramente, Arrocha, miembro del Partido Panameñista, explicó el por qué no se postuló por su partido y optó por la candidatura independiente al igual que lo han hecho otros precandidatos miembros de partidos como es el caso de la diputada, Zulay Rodríguez.

Con base en ello, el político, manifestó que en algún momento hay que preguntarse si esto se debe a combustión espontánea o casualidad o si el sistema está produciendo este resultado.

En este sentido, a su juicio el sistema primario se acabó con la última reforma electoral en el que se impusieron determinadas reglas que hace imposible o casi imposible que, si no se es diputado de la República, usted corra contra un presidente de partido o un secretario general.

Por otro lado, le parece arbitrario e injusto competir con fondos privados, contra el dinero público, esto pone a cualquiera en situación de desventaja.

Sobre la figura del precandidato presidencial, José Isabel Blandón, dijo que este tiene un enorme reto y necesita que salga al menos el 40% de la membresía del partido en las próximas elecciones primarias como para reclamar algún grado de legitimidad.

También se refirió a la reunión que sostuvieron varias figuras independientes, a la cual no fue invitado y su lectura de ello fue que, los dos precandidatos a la presidencia de la República, presentes estaban cediendo sus aspiraciones en favor del candidato, Ricardo Lombana.

Igualmente, ahondó sobre el contrato de Minera Panamá con el Estado, destacó que la República de Panamá, no está en la libertad en hacer lo que le da la gana con respecto a la renegociación de este contrato.

“Quiero ser responsable en esto que digo. Hay una empresa que adquirió los derechos contractuales de explotación minera, que en su momento fue perfectamente legal, que las autoridades gubernamentales antes y después se han comportado en función de que el contrato existía, hasta que fue declaro inconstitucional y que ha hecho una enorme inversión”, dijo.

Esto plantea el hecho de que si la República de Panamá decide no permitir la explotación minera o los términos y condiciones no son mutuamente acordados, entonces se pensaría que la minera plantearían la necesidad de un resarcimiento de la inversión hecha.