24 nov 2023
Las voces que reclaman cambios en el gabinete no cesan tras aprobación de contrato minero
Ante la situación que se ha generado luego de la aprobación del contrato minero, los reclamos a las autoridades aumentan y existen solicitudes de cambios en el gabinete. A un mes de protestas en contra de la Ley 406 las pérdidas económicas son incalculables Tal como el realizado por un residente de la provincia de Chiriquí que con mucha molestia sostuvo que "el presidente no ha tenido los pantalones para decirle al pueblo me equivoqué perdonenme y dejó peleando a pueblo contra pueblo”. También, están quienes piden cambios en el gabinete y por otra parte, quienes se preguntan qué podría proceder con algunos funcionarios si el pleno de la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la Ley que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá. El abogado Ernesto Cedeño , advierte que si el fallo resulta inconstitucional, haría méritos a su criterio para un proceso penal contra el Ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro , el contralor, Gerardo Solís y los diputados que firmaron por supuesto abuso de autoridad. “A mi juicio, ya no estaría en el cargo, ni el ministro de comercio, ni el contralor, el primero por ser el subscriptor del contrato y lo impulsó en la Asamblea Nacional y el segundo que dos veces lo refrendó”, dijo. Ahora, la expectativa se centra en la sesión permanente del pleno de la Corte, donde su duración dependerá del tiempo que tome el análisis, debate y discusión del proyecto por parte de los magistrados y magistradas. Movimiento comercial en la Zona Libre se ha visto impactado por las protestas Cedeño agregó, que conforme al principio de interpretación constitucional de prudencia, se indica que el juez constitucional debe ponderar el resultado de su sentencia en el impacto que tendrá en la sociedad, por consecuencia no le parece que el fallo demorará. 'Se agotó la paciencia' | Conep llama al gobierno a restablecer el orden Por su parte, el abogado ambientalista, Harley Mitchell , sostuvo que un fallo de la Corte Suprema de Justicia obliga a los servidores públicos a cumplir sus designios, independientemente de su claridad, dificultad; la misma Constitución Política obliga a que los servidores públicos una vez establecido un fallo generen todos los esfuerzos necesarios para que los mandatos se cumplan.
