El Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para entre otros objetivos, ampliar su alcance a los estándares internacionales.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó con el 50% de su salario y recomendó la destitución a un funcionario de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Al menos 20,626 declaraciones juradas por parte de servidores públicos, recibió la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), tal como informó este jueves 6 de abril, la entidad. Vence el plazo: más de 10,000 funcionarios han presentado declaración jurada Dicha declaración obedecía al cumplimiento con la Ley 316 del 18 de agosto de 2022 , que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública. Ayer venció el proceso de presentación de la declaración jurada de intereses particulares , por parte de los sujetos obligados, los cuales son cualquier servidor público, que sea máxima autoridad de su institución, así como agentes de manejo de sus entidades.

Luego de que entrara en vigencia la Ley 316 del 18 de agosto de 2022 , que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública, muchos han sido los funcionarios que han acudido a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para presentar sus declaraciones.

La directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI),  Elsa Fernández, explica sobre la Ley de conflicto de intereses.

El alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, presentó este martes 4 de abril, su declaración de intereses particulares ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Este miércoles 5 de abril vence el plazo para que funcionarios de alto mando realicen declaración jurada, luego de que entrara en vigencia la 

Este miércoles vence el plazo para que funcionarios de alta jerarquía realicen declaración jurada, esto luego de la puesta en marcha en febrero pasado, la Ley de Conflicto de Intereses.

El Procurador General de la Nación, Javier Caraballo , dio avances de la investigación sobre el hurto de 19,000 dosis de fentanilo de la Caja de Seguro Social.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), recomendó la destitución de tres funcionarios tras concluidas las investigaciones en su contra.

El Desfile de las Mil Polleras fue todo un éxito y dejó más de 25 millones de ganancias en la región de Azuero, pero se ha encendido una alarma por la cantidad de entidades estatales que participan ¿Quién costea los gastos para alquiler de polleras y demás? Ernesto Cedeño, abogado , ha solicitado una investigación a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) , para que se investigue, como parte de la transparencia que debe haber en las instituciones.

La entidad informa que está colaborando con las investigaciones y tomará las medidas disciplinarias, administrativas y de ser posible, a nivel judicial.

Los funcionarios de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), llegaron a las oficinas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), por una denuncia de supuesta venta de base de datos de los clientes. Yelenis Ortiz, directora de Protección de Datos de Antai , dijo que parte del ejercicio también es verificar que tanto manejan los que están al mando de las instituciones las leyes de protección de datos personales y qué medidas técnicas se han implementado para el buen manejo de la base de datos.

Personal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), se apersonó a las instalaciones de edificio Bolívar de la Caja de Seguro Social (CSS), en la vía Transístmica, ciudad de Panamá, para realizar una inspección sectorial, debido a varias denuncias por supuesto ofrecimiento y venta de base de datos. Yelenis Mariscal, de Protección de Datos de la Antai, indicó que la diligencia, está dirigida a la dirección de prestaciones económicas y otros departamentos. Se trata, según la funcionaria, de un delito que está tipificado en el Código Penal, por lo que al menos 10 denuncias fueron vertidas hacia el Ministerio Público para su investigación. Esta práctica, explica, puede constituir una posible vulneración a la Ley 81 que protege los datos personales de los asegurados. Estos datos, se ofrecen mediante correos electrónicos y de WhatsApp.

Personal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), se apersonó a las instalaciones de edificio Bolívar de la Caja de Seguro Social.

La directora de la Autoridad

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, explicó en qué consiste el proceso de investigación que se sigue en torno al caso del manejo del programa de auxilio económico.

Tras denuncias presentadas por supuestas irregularidades en los programas de auxilio económico, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), emitió una serie de preguntas al director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses. Estas fueron las 8 preguntas:

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) admitió una denuncia presentada ante esta instancia por el supuesto otorgamiento de auxilios económicos en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), remitió 15 expedientes al Ministerio Público y la Contraloría General de la República, para su investigación, por tratarse de posibles hechos de corrupción tipificados en el Código Penal.

El Órgano Ejecutivo y las alianzas ya establecieron fechas para darle seguimiento a los acuerdos pactados en la plenaria, iniciando el día 5 de septiembre en la sede de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en la capital, además de la instalación de un proyecto de ley que otorgue más poder coercitivo a esta entidad y a la Comisión de Canasta básica saludable.