Al menos cuatro funcionarios han sido desvinculados por 'relación directa' con la rectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas.

La controversia en torno a la desvinculación de Indira Caicedo sigue siendo un tema candente en la comunidad universitaria, con implicaciones que van más allá de la simple renuncia de una directora.

La Unachi y su rectora, Etelvina de Bonagas, han estado en el ojo de la tormenta durante varios años por las denuncias por supuestos malos manejos administrativos, altos salarios, contratación de supuestos familiares y la reelección de la rectora.

Hasta el momento se ha dado un aumento de 55 a 86 en el número de personas que están siendo investigadas, por lo cual se estarán entregando notificaciones a los nuevos señalados durante esta semana

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A pesar de las quejas, hasta la fecha y según fuentes de Antai, la entidad no ha recibido ninguna denuncia sobre este tema.

En caso de no haber cumplido con la presentación de estas declaraciones, a los funcionarios se les inicia un proceso administrativo, que trae como consecuencia sanciones pecuniarias equivalentes de hasta el triple del salario.

Según la Antai, estos funcionarios, aunque estaban nombrados en la Alcaldía, desempeñaban labores en la Junta Comunal de Caimitillo.

La institución reitera su firme compromiso con la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.

La ANTAI está llevando una investigación y se encuentra a la espera de un número plural de árboles genealógicos para corroborar el nepotismo que existe en la universidad.

Como resultado de esta infracción, ANTAI ha impuesto una sanción económica equivalente al 50% del salario mensual del representante.

Según la representante de la Junta Comunal, todo obedece a situaciones políticas a lo interno de la institución.

Por su parte, la representante Gaitán expresó que es falso lo que se señala en la denuncia interpuesta por su suplente y que nadie es  “botella”  en la junta comunal.

La Antai inspeccionó documentos y planillas para verificar si los funcionarios mencionados en la denuncia están efectivamente laborando en el municipio de Arraiján.

Aseguraron que se trata de una investigación de oficio que apenas inicia y que podría tomar varias semanas.

Castillo de Arias reemplazará a Elsa Fernández, quien actualmente ocupa el cargo a la espera de su predecesora.

Galván indicó que harán levantamiento de los elementos que encuentren por departamento, dirección y despacho que dirige.

Las irregularidades se conocieron a través de una denuncia ciudadana presentada ante la Antai.

Entre las irregularidades encontradas está la falta de documentación, información de constataciones públicas, ni planilla.

José Bernal, actual representante del corregimiento de Antón, aseguró que a la fecha no ha recibido el traspaso de la junta.