¿El triunfo de la impunidad? Caso Pandeportes, en el Radar

Años para una auditoría de “cumplimiento”, millones de dólares en “irregularidades”. Ninguna mención directa a una lesión patrimonial. Los malos manejos del dinero público en el Caso Pandeportes son evidentes, pero una conclusión justa que condene a los responsables parece cada vez más dudosa. Para el panel de expertos de Radar, esta podría ser una derrota más para la democracia y otro triunfo de la impunidad.

Todo empezó en 2018, con una investigación periodística del diario La Prensa que reveló un entramado de corrupción a través del cual presuntamente se desviaron fondos públicos a través de aportes de Pandeportes a federaciones deportivas vinculadas a diputados de la Asamblea Nacional.

El fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, pidió entonces a la Contraloría General de la República una auditoría para determinar si efectivamente existió una lesión al patrimonio estatal. Rodríguez puede investigar a los diputados (aunque no imponerles medidas cautelares), pero necesita que se confirme la lesión para proceder.

Es ahora septiembre de 2019. Contraloría revela una auditoría que habla de 12.3 millones de dólares en irregularidades, pero no dice si hubo lesión patrimonial. La institución se justifica diciendo que la auditoría quizás sirva para que el Ministerio Público investigue más. El Ministerio Público responde que no entiende porque la Contraloría no coordinó con ellos desde el principio.

“El Ministerio Público y Contraloría deben coordinar su labor en investigaciones y procesos para que se cumpla con la misión asignada a cada una de estas dependencias estatales”, declaró el abogado Ernesto Cedeño, citando la Ley Orgánica de la Contraloría que claramente habla del trabajo conjunto entre ambos entes. “Hay selectividad en las investigaciones en Panamá. En algunos lugares investigan, en otros no. Y la impunidad está feliz”, lamentó Cedeño, quien trabajó más de una década en Contraloría.

“El contralor (Federico Humbert) no ha demostrado voluntad política o administrativa para hacer cumplir la Constitución o la ley”, afirmó José Chen Barría, excontralor de la República.

Los expertos detallaron que una auditoría forense hubiera podido cumplir el objetivo. En la mesa, el fiscal de Cuentas, escuchaba y esperaba su turno para relatar sus intentos fútiles para obtener una respuesta pronta que le permitiera proceder.

“Que alguien me diga cómo se cuadra ese círculo de un informe de auditoría que dice que hay irregularidades por 13 punto algo millones de dólares, pero que no hay lesión patrimonial”, exclamó Rodríguez, quien detalló que había solicitado la auditoría en octubre de 2018.

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez, no dudó en criticar las decisiones del contralor, quien ahora se ha excusado de atender una citación para dar explicaciones ante la Asamblea Nacional.

“Es muestra del contubernio en el que se está autobligando a pactar con fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, la Corte y partidos políticos para asegurarse que no ocurra nada”, sentenció Vásquez. “Es una situación que se ha autoimpuesto, por guardar silencio cuando no debía hacerlo y por actuar políticamente cuando no tenía que hacerlo”, añadió. Para el diputado, el Ministerio Público también guarda responsabilidad. Apuntó que, si Humbert faltó a su deber, entonces cometió un delito y debe ser investigado.

Olga de Obaldía, directora Ejecutiva del Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, enfatizó el severo daño que se hace a la democracia cuando se pierde la confianza en el trabajo de las instituciones.

“Nuestra institución de control, que es la Contraloría, no solo tiene 10 años de no estar funcionando, pareciera que se convirtió en una Secretaría de Refrendos”, manifestó De Obaldía. Apuntó que el Ministerio Público no solo ha jugado un rol débil, sino incluso cómplice. “Sin controles no puede haber rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas no hay forma que hacer que los funcionarios cumplan la función para los que se les elige”, acotó.

Arquitectura de la impunidad

Los procesos judiciales en Panamá deben cumplir con tiempos establecidos. Retrasos en auditorías, dilación de procesos e información insuficiente son factores que pueden resultar que un caso “se caiga”, es decir, que triunfe la impunidad. El panel recordó como en Panamá, la Asamblea Nacional le ha cerrado las puertas al ente de control, la Contraloría, en casos como el escándalo de planillas de diputados. Cuando se revela una auditoría, parece no cumplir con el objetivo por el cuál fue solicitada. Las instituciones trabajan en conjunto en algunos casos, en algunos momentos. En otros parece que no.

“En nombre de la pobreza, de la educación, del deporte, de resolver los problemas del pueblo, se han diseñado arquitecturas de impunidad y de robo”, declaró Chen Barría.

Es común hablar en Panamá de “justicia selectiva”, pero como apuntó el excanciller Jorge Eduardo Ritter durante el programa, “justicia selectiva, no es justicia”. Es un oxímoron, una imposibilidad lógica que la ciudadanía acepta como un hecho cotidiano.

Cortizo y Naciones Unidas

Durante el programa también se habló del discurso del presidente Laurentino Cortizo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un discurso en el que no se definió la posición de Panamá ante temas de interés global como la crisis migratoria o la situación en Venezuela. Del cambio climático, tema central de la Asamblea, se refirió solo de forma tangencial.

“Fue un discurso más local, más parroquial”, apuntó Ritter. “El presidente usó muchos de los clichés que usó en la campaña política para repetirlos en las Naciones Unidas. Hay que colocarse en la posición de los demás países, ¿con qué se quedaron del discurso del presidente Cortizo?”, señaló.

El discurso, de tono emotivo, reflejó el estilo político de Cortizo. Sin comprometerse con ninguna postura, pareció más una promoción turística, opinó el panel.