Radar: Vacunas contra la COVID-19, vacunas contra la impunidad

La vacuna contra la COVID-19 no es la panacea, la vacuna contra la impunidad no llega. Este domingo 2 mayo, la salud y la lucha contra la corrupción estuvieron bajo el Radar.

Vacunación

Panamá ha comprado más de 9 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, garantizando (en papel al menos) suficientes para inocular sobradamente a la población del país.

“Tenemos vacunas suficientes, el reto ahora es aplicarlas”, manifestó la canciller Erika Mouynes destacando que a partir de julio se espera que el número de dosis que lleguen sea 5 veces mayor a los cargamentos actuales.

La canciller también destacó que las vacunas que se están aplicando en Panamá han demostrado hasta el momento ser seguras y eficientes, avaladas por organismos internacionales.

Aunque no descarta una futura compra, no prevé que Panamá compre Sputnik V, Sinovac o Johnson & Johnson, al menos no a través de negociaciones directas. Apunta que se han comprado suficientes vacunas por el momento, pero no descarta obtener más dosis a través del mecanismo COVAX.

EL infectólogo chileno, Miguel O’Ryan, compartió la experiencia de su país, el cuál experimentó una nueva ola de casos aún después de un proceso inicial de vacunación considerado exitoso.

“No se puede bajar la guardia. Con las nuevas variantes, no son solo los adultos mayores, ahora cada vez más jóvenes se están contagiando y presentando síntomas graves”, advirtió el especialista.

Migración

La canciller Mouynes también se refirió a la crisis migratoria en Darién y a un reciente acuerdo con Colombia mediante el cual el vecino país se compromete a notificar a Panamá de los migrantes irregulares que se dirijan al país, el objetivo es emular el proceso de flujo controlado que se utiliza con Costa Rica mediante el cual se permite el tránsito gradual de migrantes.

Señaló que la responsabilidad no solo es de Panamá, sino de todos los países que permiten el paso de los migrantes, quiénes en su mayoría tienen como destino final Estados Unidos, y que se debe garantizar un trato humano y digno a estas personas.

Cuentas fáciles y moratorias

El sector bancario nuevamente está bajo el escrutinio público. El viejo discurso, repetido por la canciller durante el programa, que defiende la gestión bancaria señalando lo difícil que es abrir una cuenta bancaria parece una broma de mal gusto luego que la Caja de Ahorros abriera una cuenta y permitiera la transferencia por 6 millones de dólares al expresidente Ricardo Martinelli, Persona Expuesta Políticamente (PEP) que ha sido investigada por múltiples casos de corrupción.

Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, no se atrevió a decir que la Caja de Ahorros falló en su debida diligencia permitiendo la creación de esta cuenta y la millonaria transferencia de fondos, escándalo que terminó con la renuncia del gerente de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia. Solo apuntó que en el caso de PEPs, se debe aplicar una diligencia ampliada haciendo más chequeos.

“Abrir una cuenta debe responder a leyes locales y estándares internacionales, así cómo políticas internas de cada institución bancaria”, aclaró Castillo. Resaltó que la superintendencia hace públicas las sanciones que se aplican a los bancos, lo cuál esperan que tenga un efecto disuasorio. “No es el monto lo que puede afectar a una institución bancaria, aunque se está estudiando aumentarlo, sino el aspecto reputacional”, explicó.

Carlos Barsallo, presidente del capítulo de Panamá de Transparencia Internacional comentó que ser una PEP no te excluye automáticamente de abrir una cuenta bancaria, pero que claramente hay un mayor escrutinio por razones evidentes en este caso.

“Crear una cuenta no es un derecho. Es un tema de riesgo, usualmente los bancos escogen no hacerlo en estos casos para evitar un riesgo a su reputación. Por eso es que este caso sorprende”, declaró.

Gran parte de la población panameña teme la llegada del 30 de junio, el fin de la moratoria en la banca. El superintendente dice que no pasará nada, que los clientes deben hablar con los bancos y llegar a acuerdos con tiempo.

Pero aunque los banqueros pidan una “cultura de pago”, la difícil situación económica que mantiene a más de 370 mil trabajadores desempleados presenta un panorama complicado para muchas familias.

Lucha contra la corrupción

Barsallo afirmó que para combatir la impunidad y corrupción se necesita conocer los beneficiarios finales de las sociedades. Los directores, quiénes aparecen en el Registro Público actualmente, no son necesariamente los dueños, ni los tomadores de decisiones.

“El beneficiario final es el que manda, el que controla, el que recibe las ganancias. el que sin aparecer en ningún lado da las órdenes y recibe las ganancias”, explicó Barsallo.

Bajo las normativas actuales, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público y la Dirección General de Ingresos tienen acceso a un registro con estos nombres, pero no el resto de la ciudadanía que ha observado por años la impunidad en casos de corrupción, y blanqueo de capital. Escándalos como Panama Papers, Odebrecht, Blue Apple, New Business, entre otros, han dejado en evidencia que la vacuna contra la impunidad no existe en Panamá.

Tras el final de un período legislativo, se han aprobado muchas leyes, pero grandes pendientes como leyes contra la corrupción, protección de denunciantes, leyes para establecer claramente los conflictos de interés y garantizar la transparencia siguen pendientes. El diputado independiente Juan Diego Vásquez, fue crítico del manejo errático y contradictorio del legislativo con mayoría oficialista.

“No cumplen con el pueblo, con cumplen con el GAFI, no cumplen con la soberanía, ¿qué están haciendo?”, cuestionó. Vásquez señaló cómo el PRD ha terminado vetando proyectos de ley por cambios que ellos mismos propusieron. “Ni siquiera saben vetar bien”.

El excanciller Jorge Eduardo Ritter observó que mientras la Asamblea obvia y no encuentra tiempo para proyectos importantes, sí tiene tiempo para remodelaciones y aprobar leyes como la que crea el Festival de la Carreta, el Violín y el Toro Suelto.

La situación es preocupante para el excanciller, que ve como el ministro de Economía y Finanzas habla de finanzas públicas en rojo, mientras adelanta la necesidad de pedir prestados 6 mil millones de dólares más.

“La deuda, al servicio de una burocracia estatal paquidérmica y clientelar”, lamentó Ritter.