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El presidente José Raúl Mulino anunció una inversión de 350 millones de dólares en 14 proyectos de infraestructura como parte de su estrategia para reactivar la economía panameña. La iniciativa, que busca generar 10 mil empleos directos, abarca proyectos en ejecución y en formulación, destacándose sectores clave como agua, saneamiento y construcción.
José Ramón Icaza, secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, señaló que una de las prioridades del gobierno es la rehabilitación y mantenimiento de plantas potabilizadoras. "Hemos inspeccionado el estado actual de todas las instalaciones y buscamos optimizar su funcionamiento".
Otro punto clave es el saldo de deudas con proveedores de administraciones anteriores. "Hemos mantenido reuniones con contratistas para cumplir con los compromisos pendientes", explicó.
La administración Mulino también apuesta por impulsar la inversión extranjera, que antes de la pandemia representaba 5 mil millones de dólares anuales, pero que no ha logrado recuperar sus niveles previos a 2019. Entre los proyectos insignia se encuentra el ferrocarril Panamá-David, actualmente en fase de estudios de factibilidad y planificación de ruta.
Otro proyecto estratégico es la construcción del embalse de Río Indio, que busca garantizar agua para consumo humano, uso industrial y operación del Canal de Panamá. Icaza señaló que el reservorio tendrá una capacidad similar a la del lago Gatún, representando una solución a largo plazo para la crisis hídrica.
El arribo de 299 migrantes deportados desde Estados Unidos ha reavivado la discusión sobre las políticas migratorias de Panamá. Según Elías Cornejo, de la organización Red Clamor, el número de migrantes que llegarán al país podría aumentar hasta 10 millones en las próximas semanas.
En ese mismo sentido, el presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (ARENA), Rafael Arena, indicó que muchas familias están buscando regularizar la situación migratoria de sus parientes. "Muchos no desean regresar a sus países de origen", afirmó.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados, Maritza Cedeño , cuestionó la falta de transparencia en los acuerdos migratorios con EE.UU. y criticó que la política se enfoca en seguridad nacional en lugar de derechos humanos. “Lo relevante es que el enfoque que se está haciendo no es de derechos humanos, es de seguridad nacional y ni siquiera la seguridad nacional de Panamá es la de Estados Unidos. Estamos cediendo soberanía en el manejo de nuestras políticas internas de migración”.
“No hemos aprendido del caso Vélez Loor, que fue un abuso de poder del Estado panameño, que sistemáticamente le violó sus derechos”, acotó Elías Cornejo, de la Red Clamor.
El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, reafirmó la importancia del proyecto de embalse de Río Indio, una obra que busca garantizar el suministro de agua para consumo humano, uso industrial y la operación del Canal. Vásquez explicó que el embalse tendrá una capacidad de almacenamiento similar a la del lago Gatún y una extensión comparable a la del lago Alajuela, lo que lo convierte en una opción más eficiente que la superficie de Bayano.
El costo estimado del proyecto ronda los 2 mil millones de dólares, con una inversión de entre 1,2 y 1,4 mil millones en la construcción de la obra civil. Además, Vásquez subrayó que el impacto de la iniciativa irá más allá de su finalización, ya que el área seguirá bajo la supervisión del Canal de Panamá para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
En medio de especulaciones sobre una supuesta influencia de China en la administración del Canal de Panamá, Vásquez desmintió cualquier injerencia extranjera. "El Canal de Panamá ha operado ininterrumpidamente a pesar de los desafíos hídricos. No comparto ni considera ciertas sus afirmaciones", señaló.
El administrador de la ACP también defendió la independencia del Canal en la determinación de sus tarifas y pesos, proceso que es revisado periódicamente con la autorización del Consejo de Gabinete y bajo los lineamientos del Tratado del Canal de Panamá.
En cuanto a la presencia de embarcaciones militares en la vía interoceánica, Vásquez indicó que, en los últimos ocho años, han transitado entre 700 y 730 barcos militares, de los cuales el 60% pertenece a la Marina de Estados Unidos, mientras que el 40% restante corresponde a otros países. "Las críticas siempre existirán. Hoy es Trump, mañana será otra persona, pero nuestra prioridad debe seguir siendo la operación eficiente, sostenible y rentable del Canal", enfatizó.
Finalmente, Vásquez también abordó los efectos del cambio climático en la administración del Canal, señalando que la ACP mantiene una visión de largo plazo para adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes. "El Canal de Panamá ha demostrado su capacidad de adaptación a lo largo de los años, y seguiremos implementando estrategias para garantizar su funcionamiento ante fenómenos climáticos adversos", concluyó.