Radar: polémica por gastos de los alcaldes, el avance de ómicron y pinchazos telefónicos

Ciudad de Panamá/La posibilidad de flexibilizar los aislamientos, el uso de fondos por parte de autoridades locales, los beneficios y perjuicios del nuevo contrato minero y el presunto espionaje de periodistas en El Salvador, fueron los principales temas discutidos en el Radar de este domingo.

Los gastos de la discordia

Frente a los cuestionamientos por el uso de los gastos de movilización por autoridades locales, el alcalde capitalino José Luis Fábrega se defendió asegurando que no son un ingreso para el alcalde, sino una herramienta de trabajo que no es nueva.

El alcalde sostuvo que, en su caso, lo ha utilizado para transportar a personas de escasos recursos a que se realizaran exámenes o procedimientos médicos, aunque reconoce no tener registros de ello, e indicó que de ahora en adelante lo hará.

Tras anunciar que el contralor suspendió el pago de los gastos de movilización desde el jueves, Fábrega aseguró que no tiene ningún temor y que, si la Sala Tercera de la Corte Suprema determina que su uso no es correcto, “no tiene ningún reparo” en que se elimine este viático.

Fábrega concluyó pidiendo que se investiguen los gastos y dietas de todos los Órganos del Estado, incluyendo ministros y magistrados, y que no solo se cuestione a las autoridades locales.

Nuevas medidas a considerar

Sobre el uso de pruebas caseras y las protestas de los laboratoristas, el infectólogo Néstor Sosa aseguró que “los beneficios de una prueba rápida superan cualquier desventaja.” Explicó que, si bien puede haber un falso negativo de no realizarse correctamente y se debe corroborar con una prueba formal, una persona que sale positivo puede actuar más rápidamente y aislarse para proteger a otros, y agregó que representa una herramienta útil para quienes no pueden pagar una prueba en un laboratorio.

El Dr. Sosa también se refirió a los tiempos de aislamiento, indicando que deben ser proporcionales al riesgo y el posible daño. Dio como ejemplo que, si la mitad del personal de un hospital debe estar en cuarentena por contagio o contacto, eso pone en riesgo a personas que necesiten atenderse incluso por temas más comunes como accidentes, infartos y derrames, por lo que deberían flexibilizarse las medidas para garantizar la atención.

En el caso de la población en general, se mostró a favor de que se acorten los aislamientos, particularmente a los vacunados, ya que estudios demuestran que después del quinto día, la transmisibilidad baja considerablemente, pero que esto se debe hacer manteniendo una vigilancia constante de las cifras de hospitalización y mortalidad.

¿Ganó o perdió Panamá?

Para el abogado Rodrigo Noriega, si bien sigue representando una actividad sumamente contaminante y tiene deficiencias en materia ambiental, “el gobierno nos ha sorprendido con un buen contrato” con la empresa First Quantum, dueña de Cobre Panamá.

Noriega explicó que se trata de un contrato totalmente nuevo y que Panamá empezó la negociación desde una línea muy baja del 2%. Agregó que el contexto regional, con el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y el actual mandatario peruano, Pedro Castillo, poniendo gran presión a las compañías mineras para exigir regalías incluso por encima del 70%, podría haber ayudado a que en Panamá la empresa minera aceptara las condiciones planteadas por el gobierno.

Sin embargo, Noriega recordó que aún no se conoce el contrato completo y que persisten muchos problemas y futuras amenazas, como las futuras reservas de agua del Canal, el daño irreversible de 13,000 hectáreas al corredor mesoamericano, el uso de una planta de carbono y la posibilidad de que se procese el producto en Panamá con materiales sumamente contaminantes.

Espionaje a periodistas salvadoreños

Esta semana en el Radar internacional, el periodista salvadoreño Óscar Martínez, jefe de redacción del medio digital El Faro, compartió su testimonio sobre el escándalo de presunto espionaje a periodistas por parte del gobierno de Nayib Bukele a través del software Pegasus.

Martínez explicó que todo inició con las sospechas de una compañera del periódico por un comportamiento extraño de su celular y que, al llevar el equipo a ser revisado por el laboratorio técnico de Amnistía Internacional, este validó que este había sido intervenido.

Tras llevar a cabo una investigación exhaustiva por 3 meses con ayuda de organismos internacionales, determinaron que 22 miembros del periódico habían sido intervenidos de manera “obsesiva”, algunos hasta por un mes continuo y, según Martínez, los tiempos más álgidos coincidían con investigaciones periodísticas que cuestionaban el actuar de la administración Bukele.

Agregó que este tipo de espionaje es incompatible con la democracia y que “si [el gobierno] está obteniendo información de forma ilegal, es para hacer daño en el futuro de forma ilegal.”