Radar: Migración en Darién, contrato minero y el agua del Canal de Panamá

La crisis humanitaria y migratoria en Darién; la constitucionalidad del contrato minero y el uso del agua de las cuencas del Canal de Panamá fueron los temas analizados este domingo 3 de septiembre en Radar.

Darién

Solo en el mes de agosto, 60 mil personas atravesaron la selva del Darién, en su mayoría migrantes sudamericanos que esperan llegar a Estados Unidos.

En el camino, mueren niños, violan mujeres, secuestran y roban a los migrantes que cruzan por rutas controladas por el crimen organizado. La estrategia del Gobierno Nacional ha sido lanzar una campaña llamada “Darién no es una ruta”, pero para el exministro de Seguridad, Rolando Mirones, es como no hacer nada.

“Eso no va a detener a los migrantes”, afirmó. “Filmen los cadáveres, filmen a las mujeres llorando, entrevisten a una mujer que la acaban de violar o que la han violado siete veces. Esa es la realidad que hay allá adentro, eso es lo que hay que mostrar para que dejen de venir”.

Mirones declaró que es necesario cerrar la frontera, explicando que esto se traduciría en bloquear el paso por los puntos que son conocidos para el cruce. Reconoce que igual cruzarían muchas personas, y que igual muchos morirían o sufrirían, pero considera que sería la respuesta moral adecuada y que enviaría el mensaje correcto para prevenir la llegada de migrantes.

“Sí se puede cerrar Darién, es una alternativa viable. Lo más humano de esa alternativa es que le estaríamos diciendo la verdad y lo más responsable a las personas que vienen de otros países”, concluyó.

El sociólogo Alberto Agrazal, miembro de Fe y Alegría y de la red Clamor, trabaja constantemente no solo con los migrantes sino también con las comunidades de campesinos e indígenas de Darién para quiénes los abusos y crímenes no son nuevos.

“El escándalo que nos producen las violaciones masivas, las redes de corrupción y narcotráfico, eso ya la enfrentaban las comunidades indígenas desde hace muchos años”, señaló Agrazal. “La guerrilla se ha tomado comunidades, misiones han sido víctimas de secuestros. No es algo nuevo, la magnitud de la llegada migrantes le agrega otro factor. Antes los criminales se ensañaban con las comunidades, ahora también con los migrantes”.

Agrazal no está de acuerdo con cerrar la frontera, apunta que primero no es algo realmente viable por la geografía y la logística involucrada y apunta que se necesita pensar en respuestas para las comunidades locales, estimando que actualmente el 40% de la economía de la provincia depende del paso de los migrantes.

Minería

Otro tema analizado fue el contrato minero, que actualmente espera ser aprobado o rechazado por la Asamblea Nacional.

Para el vocero de Minera Panamá, Roderick Gutiérrez, rechazar el contrato vendría a un elevado costo para el país.

“¿Qué pasaría si no se aprueba el contrato? Ya la Cámara Minera de Panamá hizo el ejercicio con una firma internacional, que decretó que Panamá tiene un 90% a 95% de perder si el contrato no se da y la empresa demanda al estado panameño. Estiman entre 40 mil y 50 mil millones de dólares si esto se llega a dar,” afirmó Gutiérrez.

Pero Joana Ábrego, del equipo legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) respondió que no respetar la Constitución Nacional podría ser más peligroso para el país.

“El cupable de esta situación es el Ejecutivo. Creo que el escenario sería mucho peor si seguimos forzando este contrato y luego la Corte Suprema, en el tiempo que se demore, dicte un fallo y entonces cuáles serían las repercusiones. Todavía ahora algo se puede hacer”, rebatió.

Ábrego apuntó al anterior contrato con Petaquilla que fue declarado inconstitucional, señalando que puede que este nuevo contrato también sea inconstitucional. Además, reforzó el punto que la minería no es conveniente para Panamá, que causa daños ambientales y compromete la salud de las comunidades.

“Lo más importante, consideramos, es que se haga una revisión exhaustiva de si este contrato se ajusta o no a la legislación actual. En el caso del decreto de gabinete del '69 como del Código de Recursos Minerales, exigiría que haya un proceso de licitación pública que no se ha dado”, añadió Ábrego.

Para el vocero de la mina las afectaciones a la salud, al agua y al medio ambiente son mitos, ya que no hay evidencia de los mismos. Considera que si se cumple con las normas no hay contaminación.

Canal de Panamá

El exadministrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta, también participó en el Radar y se pronunció sobre los llamados “atascos” en la vía interoceánica, las cuencas hidrográficas y el agua.

Sobre las filas de buques esperando, que el Wall Street Journal estimó en 200, respaldó las declaraciones de la Autoridad del Canal de Panamá explicando que no es una situación anómala, que se ha dado con anterioridad y que no es ningún atasco. Además, detalló que los barcos que ya tenían su cruce reservado no son afectados, y que son los que llegan sin reservación los que tienen que esperar un poco más por las limitaciones en el calado.

Sobre el tema del agua, manifestó que debe ser prioritario abordarlo y decidir estratégicamente que se va a hacer en las cuencas.

“Le corresponde a la Junta Directiva establecer los límites de la cuenca del Canal. Si el Canal sabe que tiene necesidad de modificar la cuenca, tiene que presentarlo, documentarlo, presentárselo al Ejecutivo y que vaya a la Asamblea para decir que esta es el área que vamos a proteger para poder hacer, o no hacer, los proyectos de agua”, explicó Alemán Zubieta, añadiendo que los proyectos no son solo para beneficiar el Canal, sino también a las comunidades aledañas.

Sobre el posible conflicto entre las necesidades de agua de la minera con el Canal, dijo que se trata de regularlo de forma correcta y que no es imposible que la industria y el Canal coexistan, como actualmente lo hacen con dos grandes empresas de cementa que están operando actualmente en la cuenca del Canal.