Radar: Ley de moratoria minera, inconstitucionalidad y futuro del contrato minero

De acuerdo con Fernando Gómez Arbeláez, especialista en derecho internacional, dentro de este nuevo contrato se incluye una cláusula que excluye del arbitraje internacional cualquier conflicto que tengan las partes o controversia en base a la constitucionalidad o no del contrato.

Gómez señaló que en el caso de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare inconstitucional el contrato y desde el momento en que el Estado le anuncie a la empresa sobre este fallo, se presenta una controversia entre las partes, de la cual la empresa no puede llevar a arbitraje a ninguna de las posibles sedes.

“El pasado fallo de la CSJ decía que entre las falencias que había es que no se había llevado a cabo una licitación internacional que está prescrita en un decreto Ley de 1969. Esa misma falencia se ha mantenido con el nuevo contrato”, indicó por su parte el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras.

Aramburú agregó que Panamá tiene argumentos, por lo que debe prepararse nombrando un equipo técnico de alto nivel que realice una auditoría ambiental para ver cuáles han sido los daños y hacer una auditoría forense de los libros de Minera Panamá.

Aramburú explicó que se debe buscar un nuevo modelo que realmente reconozca el aporte de la República de Panamá y manejar ese tema. En el caso de que este punto no sea aceptado, se debe llevar a cabo un plan de cierre ordenado que minimice el impacto social, ambiental y económico.

Sobre el posible caso de que el contrato sea declarado inconstitucional y si este debe ir a un arbitraje, Arbeláez dijo que, en cualquier caso, un arbitraje se puede iniciar y se puede notificar con o sin contrato vigente, no vigente o sin pactarse uno.

“Cualquier inversionista bajo nuestro esquema jurídico en base a tratados multilaterales, bilaterales, etc. Se da la situación de que cualquiera de las partes puede ir a notificar que va a iniciar un arbitraje. ¿Qué pasa después? Puede que no le admitan la demanda, la encuentren sin ningún fundamento, es decir: No porque se inicie un arbitraje ya debemos preocuparnos de que comenzaron el litigio y vamos a perderlo”, dijo Arbeláez.

Dinámica parlamentaria

El diputado independiente Raúl Fernández explicó que algunos diputados de la Comisión de Comercio con intereses más que todo político antes que legal trataron de lavar cara tratando de retrotraer la ley que establece el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, lo cual es totalmente imperfecto, ilegal e inconstitucional", debido a que, en casos muy específico como este, el Órgano Legislativo no tiene facultad más allá de aprobar o rechazar la ley.

En ese sentido, el exdiputado Pedro Miguel González afirmó que incluir en la ley de moratoria minera un artículo para derogar el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá habría sido un grave error que por fortuna los diputados pudieron corregir porque de lo contrario le habría traído una serie de demandas millonarias al Estado.

No obstante, González aseguró que, si no se hubiesen dado todas estas movilizaciones masivas y prolongadas a nivel nacional, aupada principalmente por los jóvenes, es probable que ni el Gobierno ni la Asamblea Nacional hubiesen reversado su decisión.

"La forma en que se ha negociado este contrato ley (con Minera) no ha sido para nada parecida a las experiencias que hemos tenido en el pasado. Con negociaciones como esta, jamás habríamos logrado el perfeccionamiento de nuestra independencia... Afortunadamente la sociedad ha reaccionado". 

Presupuesto del Estado

Finalizado el periodo de sesiones extraordinarias con la aprobación de la ley de moratoria minera, la Asamblea Nacional regresará a sesionar hasta enero de 2024, salvo un nuevo llamado extraordinario. No obstante, en el tintero aún queda la aprobación del Presupuesto General del Estado. Si bien es cierto que el Ejecutivo lo presentó, la Comisión de Presupuesto lo devolvió al solicitar más dinero sobretodo para el Órgano Legislativo.

Sobre esto, el diputado Fernández señaló que deberán discutirlo y si es necesario derogar esa situación presupuestaria en la que el Ejecutivo quiere poner al país con 5 mil millones más, con 50 millones más para la Asamblea Nacional, sin el recurso para instituciones tan importantes como el Oncológico.

"Yo no quiero pensar que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Órgano Ejecutivo en su Gabinete se hagan valer del artículo 272 de nuestra Constitución que bien dice que, si el Órgano Ejecutivo no vota hasta el 31 de diciembre el presupuesto enviado por el Órgano Legislativo, ellos en Consejo de Gabinete lo aprueban y lo podrían iniciar su uso, lo cual es totalmente desapegado a la ciudadanía".