Radar: Auxilios partidistas, migración, presupuesto y justicia amiga del poder

Los polémicos auxilios económicos del Ifarhu, los nombramientos de magistrados, el presupuesto estatal y la migración fueron los temas discutidos este domingo 29 de octubre en Radar.

Ifarhu

Mientras panameños de escasos recursos luchan por obtener los fondos necesarios para acceder a una educación superior, el Ifarhu beneficia a los allegados de políticos con cientos de miles de dólares en auxilios económicos.

“El presidente y su campaña hablaban que la estrella del gobierno iba a ser la educación. No queremos que al final de este gobierno la única que brille sea la estrella de la educación para el partido político oficialista, debería ser para todo el mundo por igual”, apuntó Ángel Ortega, aspirante a diputado independiente y becario Fulbright que creció en Juan Díaz.

El reglamento del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu) establece las diferencias entre becas y auxilios económicos. Cambios a este reglamento han dejado abierta la puerta a que los auxilios sean brindados no solo exclusivamente a quiénes lo necesiten por su situación económica, sino también por desempeño académico.

“Yo creo que un auxilio económico de esta naturaleza debería estar claramente definido y orientado hacia los sectores más necesitados del país, y procurar que la mayor cantidad de panameños se pueda beneficiar de eso”, destacó Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social.

Migración

La crisis migratoria se agudiza en el país. Luego del anuncio de Estados Unidos que cierra la puerta a los migrantes que hayan ingresado a Panamá por el Darién con destino al país norteamericano, miles de migrantes ahora buscan que hacer.

Para la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, se necesita colaboración entre países y un mayor apoyo de los países de destino. También advierte del peligro de la participación de grupos criminales que han hecho negocio con las necesidades de los migrantes.

“Hay que incluir a los organismos que regulan y supervisan esta materia para que empecemos a discutir si proteger esta migración irregular realmente protege a los seres humanos vulnerables o si protege a los grupos que están lucrando con esta migración irregular”, detalló Gozaine.

Justicia comprometida

Los reciente nombramientos de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Electoral han generado fuertes críticas entre la sociedad panameña.

“Se designan figuras muy apegadas al PRD, que representan al PRD, huelen a PRD, y llevan la agenda del PRD en el Tribunal Electoral a cambio de la designación de una magistrada (en la CSJ) que no estaba en la lista corta de 11 de nombres del Pacto de Estado por la Justicia”, lamentó el abogado Rodrigo Noriega.

“Me queda una duda de si responden al Órgano Ejecutivo, o al Órgano Legislativo. Porque por lo que he podido escuchar hasta ahora, sus vinculaciones son más con la Asamblea que con el Ejecutivo”, añadió el exalcalde capitalino, José Blandón.

Presupuesto

Para el 2023 se ha propuesto un presupuesto estatal de 27,580 millones de dólares, una cifra que alarma a muchos considerando las finanzas estatales, las caídas en los ingresos y una creciente deuda pública.

“Es un presupuesto extremadamente alto. Es alto en relación también a la misma cifra que propuso originalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue 27,180 millones de dólares. Allí hay una diferencia de prácticamente 500 millones que no se sabe de dónde se van a sacar”, advirtió el excontralor de la República, José Chen Barría.

El excontralor estima que el gobierno terminará con más de 50 mil millones de dólares en deuda pública y observa que el aumento del presupuesto coincide con que se avecina un año electoral.

Tecnología electoral

El escándalo por la entrada de firmas fraudulentas en las candidaturas por la libre postulación, favoreciendo a aspirantes vinculados a partidos políticos, ha generado más atención en la tecnología utilizada.

El uso de la aplicación para recolectar firmas ha sido descontinuado, ya que no se cumplían controles básicos de verificación.

“Debió haberse considerado una herramienta de biometría certificada que hiciera el trabajo de buscar esas pruebas de vida, cosa que la necesidad de hacer una auditoría posterior fuera mucho menos”, opinó el consultor en tecnologías informáticas, Alex Neuman.

La descontinuación de la aplicación genera nuevas dificultades para los aspirantes por la libre postulación, especialmente aquellos que no cuentan con los recursos de una maquinaria partidista detrás, ya que ahora se ven forzados a usar sitios como los quioscos del Tribunal Electoral.