Caso Martinelli genera debate sobre el estado actual de la justicia panameña

El cambio de medida cautelar al expresidente Ricardo Martinelli puso bajo el Radar, más allá del debate jurídico, una conversación franca sobre el estado actual de la justicia en el país.

El caso específico

El miércoles en la mañana se anunció el cambio de medida cautelar a arresto domiciliario tras el cumplimiento de un año en detención preventiva por parte del expresidente.

La abogada Magaly Castillo explicó que esto se debió, en parte, a que el caso no fue declarado causa compleja en su momento, ya que la fiscalía, previamente dirigida por el magistrado Harry Díaz, no la solicitó.

Abraham Carrasquilla, miembro de Cambio Democrático, calificó la decisión como “jurídicamente correcta,” aunque otros miembros de la mesa, entre ellos el periodista Fernando Martínez, destacaron que el año se cumplió debido a que la defensa dilató el proceso a través de recursos legales y más de 60 visitas médicas.

Las implicaciones

Gran parte de la discusión se centró en las implicaciones sociales que tiene esta decisión. Según Martínez, “si hay un solo detenido en La Joya con más de un año de privación de libertad y sin condena, ese debe salir a la calle,” ya que “la ley debe ser igual para todos."

El analista político Jorge Eduardo Ritter resaltó el detalle de que la decisión se dio exactamente 365 días después del ingreso del expresidente a detención preventiva, un cumplimiento expedito de la ley del cual no gozan la gran mayoría de los detenidos sin condena en el país.

Y es que, según Castillo, hay unas 6,500 personas detenidas preventivamente por más de un año en Panamá. De estas, unas 4,700 son del Sistema Inquisitivo, el cual no cuenta con las garantías procesales del Sistema Penal Acusatorio, las cuales Castillo opina se le deben extender a estas personas. Sin embargo, la principal cifra a destacar son los más de 1,700 que sí están en el SPA y a quienes no se les ha cumplido la ley que se le aplicó al expresidente.

Para Nivia Rossana Castrellón, es "interesante que se tengan que invertir millones para lograr que se aplique una medida en un momento dado, versus la capacidad que tienen otras personas de ayuda judicial."

Explicó que estas inequidades en la justicia panameña y la falta de oportunidades que experimenta la mayoría “nos hace sentir que vivimos en una sociedad de mundos paralelos," a pesar de que “todos debemos ser respetados por igual, y los casos deberían atenderse con la misma atención.”

Los cambios necesarios

Existe consenso de que se necesitan cambios para poder garantizar justicia y un verdadero Estado de derecho. Sin embargo, hubo discrepancias en el panel sobre cuál es la vía correcta para conseguirlos.

El abogado Ernesto Cedeño considera que "se garantizará que la justicia sea expedita cuando se establezcan sanciones para que venzan los términos ejemplares, así se obligaría a los magistrados, fiscales y jueces, a cumplir su papel."

Además, no apoya la idea de cambios constitucionales vía la Concertación, ya que "ninguno de ellos es electo por elección popular; entonces algo que era de conocimiento general para proponer proyectos, ahora es un factor de poder."

Magaly Castillo, por su parte, cree que parte de la solución está en darle “al SPA un mejor presupuesto, para que mejore sus estructuras; ya que se está viendo que no hay capacidad en las salas de juicios.”

Adicionalmente, sostiene que "sí se requieren reformas constitucionales para el mejoramiento de la administración de justicia,” entre ellas la creación del Tribunal Constitucional” y que sí cree en el proceso de la Concertación.

Sin embargo, el Dr. Ritter argumentó que el día a día de la justicia no se solucionará con un Tribunal Constitucional ni con determinar quién juzga a diputados y a magistrados, aspectos que han dominado el debate público y el de la Concertación.

Considera que lo que verdaderamente representará una diferencia en la vida de los panameños será tener una justicia más expedita para todos.