Radar: abusos en albergues, instituciones politizadas y contratos cuestionables

La disputa entre dos diputados esta semana sobre los requisitos para recibir apoyo de la Ampyme generó discusiones sobre el papel de la institución.

¿Instituciones politizadas?

La periodista Rekha Chandiramani considera que la Ampyme “no está jugando al 100% el rol que le compete desde hace mucho tiempo,” lo cual se puede ver en su presupuesto. Del total de $10 millones, $1.3 millones se van en el alquiler del edificio, otro gran porcentaje se va en planilla y asesorías y muy poco va destinado a programas como capital semilla o préstamos.

Chandiramani sostiene que existe una distorsión en lo que usualmente se considera un emprendedor, muchas veces confundiéndolo con un trabajador o vendedor informal. Asegura que un emprendedor debe ser alguien con una idea innovadora para la que exista un mercado y que, si bien el determinante del acceso al apoyo no debe ser el nivel educativo, sí debe existir una educación o entrenamiento que ayude a que el emprendimiento surja y sea sostenible en el tiempo por sí solo.

Agregó que existen muchas trabas para los emprendedores actualmente, ya que gran parte del mercado está “capturado por funcionarios y donantes de campaña,” y que el Estado debe generar políticas públicas aliente al verdadero emprendedor.

El contrato de la discordia

Frente a las críticas al proceso de negociación con Minera Panamá, particularmente tras la renuncia del exvicecanciller Marcel Salamín, la subdirectora de recursos minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, Ana Méndez, defendió el rol que está jugando el Estado a través de la comisión negociadora.

Sin embargo, el abogado ambientalista Harley Mitchell cuestionó la existencia de la comisión en primer lugar, ya que asegura que no hay norma en el ordenamiento jurídico panameño que le dé el poder de negociar por parte del Estado. En vez, sostuvo que las autoridades deberían regirse por la ley de contrataciones públicas y el Código de Recursos Minerales.

Méndez insistió en que el gobierno busca un contrato con beneficios más favorables para el país que el anterior, entre esos, aumentar las regalías de 2% a 5% y cobrar impuesto sobre la renta, del cual actualmente la empresa está exenta.

Mitchell indicó que se está “premiando a una empresa que ha generado daños al ambiente por 10 años” sin cumplir con los estudios de impacto ambiental, además de no respetar la voluntad de la Corte Suprema, la cual declaró el contrato original inconstitucional.

Un problema de no acabar

Tras la presentación de un nuevo informe de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, que detalla supuestos abusos perpetrados contra menores en albergues posteriores a los reportados a inicio de año, la diputada suplente Walkiria Chandler mostró su inconformidad con el lento avance de las investigaciones.

Destacó que solo 3 procesos judiciales han concluido y que todos son de personas de bajo mando, mientras las autoridades tanto actuales como pasadas, no acuden a su citación en la Asamblea para rendir cuentas ni forman parte de los casos.

La diputada suplente afirma que personas en puesto de mando tenían una responsabilidad, fuera por acción o por omisión, en caso de conocer de los abusos y no actuar con premura para solucionar la situación, y criticó lo que considera una falta de acción del Ejecutivo para evitar que se sigan dando abusos en el sistema.