Panamá podría enfrentar demanda millonaria por fallo de la CSJ sobre contrato minero

Panamá podría enfrentar una penalización alrededor de $100 mil millones de dólares si le quitan la concesión a Minera Panamá, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien decretó inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A para la explotación de oro y cobre.

Inicialmente el contrato fue celebrado entre el estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., cuya concesión para explotar oro y cobre fue ofertada posteriormente a First Quantum Minerals Ltd., encargada de Minera Panamá, por lo que técnicamente dos empresas estaban bajo la misma concesión.

Según explicó en el programa Radar de este domingo, Carlos Ernesto González Ramírez, el contrato firmado entre el Estado panameño está bajo un “amparo legal e incumplirlo puede traerle a Panamá repercusiones muy serias”. "Hablamos de alrededor de $100 mil millones de dólares, lo que representaría, 20 veces la ampliación del Canal”, por lo que, “no es algo que podamos tomarnos a la ligera, ya que este contrato está aparado por un tratado de protección inversiones entre Panamá y Canadá".

Actualmente el fallo de la CSJ no ha llegado a afectar las operaciones de la compañía porque el contrato está vigente; sin embargo, Minera Panamá ha presentado recursos legales que deben ser definidos en base a lo que establece la Constitución.

“La CSJ tiene una oportunidad de revisar lo que decidió en base a lo que dice la propia Constitución. Esta es una inversión monstruosa con beneficios para el país”, aseveró González Ramírez.

La inversión que realiza Minera Panamá para la explotación de cobre en cerro Petaquilla, en Donoso, provincia de Colón, es superior a los 6 mil millones de dólares. De este monto global, la compañía minera ha invertido un 73% a la fecha, y se espera que la obra esté terminada e inicie operaciones el próximo año.

Una vez entre en operaciones el proyecto minero más grande en el país, sus aportes serán del 4% al Producto Interno Bruto (PIB) panameño y tendrán un recurso humano directo de 3 mil personas, adicional al trabajo indirecto que generarán a través de los proveedores.

Implicaciones sobre la inversión extranjera

Este fallo de la CSJ, genera asombro e incertidumbre sobre la inversión extranjera, por lo que el ministro encargado de Comercio e Industrias de Panamá, Néstor González, considera que “están para garantizar la inversión extranjera y Minera Panamá, es una inversión importante”, por lo que a futuro, “las administraciones deben tomar en cuenta estos proyectos para la economía del país”.

“Consideramos que el contrato administrativo es válido, sin entrar en la parte resolutiva del fallo (…). Siempre decimos en los foros que se respeta la seguridad jurídica y somos un país estable, y con estos fallos, enviamos otro mensaje”, expresó el ministro encargado.

Esta aseveración fue compartida por el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Alfredo Burgos, quien considera que el mensaje que se envía es delicado porque dependemos de la inversión extranjera.

“La minería es un nuevo sendero para la economía panameña que debemos proteger y afianzar”, reiteró.

Por su parte, Zorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera, siente que se requieren instituciones con la capacidad de supervisar la actividad minera, e incluso, se debería crear un instituto minero para que se regule esta actividad en el país, ya que la minería es una plataforma de desarrollo regional de exportación, así como de crecimiento económico y social.

Los panelistas invitados al programa Radar coincidieron en los beneficios económicos y sociales que implica este tipo de actividad en el desarrollo del país, por lo que es necesario, establecer las reglas del juego con claridad para evitar futuras incertidumbres que pongan en riesgo la confianza de la inversión extranjera y generen pérdidas económicas a Panamá.