Mafia del transporte y el limbo legal de Uber en el Radar

La mafia del transporte, la dudosa legalidad de Uber, la lentitud del gobierno… y en el medio todos los usuarios del transporte.

El panel de Radar abordó este domingo un tema que ha despertado pasiones, bloqueado calles y ocasionado peleas a puño limpio entre taxistas y policías. ¿Cuál es la salida al conflicto entre plataformas de servicio de transporte como Uber y Cabify con los amos del transporte selectivo?

Los taxistas presentaron hace 1 año y 5 meses una denuncia contra las prácticas de esta empresa que se ha convertido, para muchos, en competencia del taxi convencional al ofrecer a los usuarios la facultad de obtener un transporte selectivo a su lugar de destino por una tarifa determinada.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que se pronunciará finalmente la próxima semana sobre el tema luego de recibir un informe de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Para Rafael Reyes, de la Cooperativa Provincial de Transportistas, se trata de algo sencillo. Uber y similares son ilegales. “Estamos hablando de la Ley. Toda institución tiene un orden y un reglamento. La tecnología es importante, tenemos que tomarla como herramienta. Pero que sea legalmente, no en forma de competencia desleal”, manifestó.

Reyes reconoce que es necesario mejorar el servicio de transporte, pero enfatiza que la alternativa no puede ser recurrir a un servicio fuera de la Ley.

“Uber es una empresa que llega, se instala y consigue adeptos producto del mal servicio del transporte selectivo en la comunidad”, señaló Carlos Harris, exdirector de la ATTT. “Dicen que no se dedican al transporte de pasajeros, pero eso no es cierto. Sí son transportistas. Si se queda tenemos que hacer una reforma a la Ley y definir un nuevo tipo de transporte.”, acotó.

Para el abogado de la Fundación Libertad, Carlos González, no exista ninguna ilegalidad en el servicio que presta Über. Repitiendo el discurso de la empresa (que se rehúsa a participar en debates sobre el tema), González asegura que las plataformas facilitan llenar un vacío en la oferta de la demanda y referencia una ley que regula el transporte particular, diferenciándolo del transporte público.

“El taxi que para en la calle, ese es público. El de la plataforma no es una compañía de taxis”, afirmó González. Se declara contra cualquier tipo de regulación y hace un llamado a una mayor aceptación de la ‘economía colaborativa’, utilizando como ejemplo el servicio de hospedaje Air BnB. El abogado, quien dejó de usar taxis y ahora solo usa Uber, declaró que no se está haciendo competencia a los taxistas, sino simplemente ‘agrandando el pastel’ al introducir nuevos usuarios.

El asesor legal de la ATTT, Ulises Calvo, se negó a responder si la institución considera a Uber y similares un transporte particular o público, alegando que será parte de la resolución oficial que se emita sobre el tema. Calvo justificó lo que muchos consideran lentitud por parte del gobierno en dar una respuesta definitiva a la controversia.

“Uber tiene abogados que presentaban por cada providencia de la ATTT un incidente de nulidad, por cada recurso que se presentaba ponían un litigio”, compartió Calvo, quien considera que 1 año y 5 meses es un ‘tiempo prudente’ considerando los procesos administrativos y recursos legales que se han visto involucrados.

El periodista de TVN Investiga, Nicanor Alvarado, hundió su mano en una llaga mucho más profunda. La política como actor corruptor en la toma de decisiones. Destacó que los últimos presidentes de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional han sido todos transportistas. “Es un sistema de retroalimentación de las mismas personas que no permite tomar las decisiones necesarias para tener un sistema de transporte, por lo menos, respetable”, denunció.

El propio representante de la ATTT en el panel, Calvo, apuntó a las trabas dentro del sistema. Recordó que el director de la institución responde a una Junta Directiva, compuesta en buena parte por líderes transportistas.

Sobre el tráfico de influencias sobraron entre el panel alegorías de un desolador panorama. “Mafia del transporte”, “Selva de corrupción”, y “Negociado”, fueron algunos de los calificativos que incluso Harris, exdirector de la ATTT, dieron al juego del poder que se lleva a cabo fuera de la mirada pública. El periodista Alvarado mencionó que existen múltiples ilegalidades en el transporte público a las que las autoridades hacen la vista gorda como impagos de permisos e impuestos, así como negociado en las concesiones de cupos. “¿Si la ATTT dejará de existir, haría alguna diferencia?”, cuestionó.

El analista Jorge Eduardo Ritter dijo que el estado del transporte público es caótico. Fue especialmente crítico de las declaraciones del presidente Juan Carlos Varela, para quien había más periodistas que taxistas manifestándose durante los enfrentamientos de esta semana. “El presidente tiene que ver la realidad y la profundidad del problema que estamos enfrentando”, arguyó.

Simón Zebede, usuario de Uber, compartió su experiencia con la plataforma. Para él, el servicio le ha facilitado su vida ya que no tiene que preocuparse por estacionamientos, multas o tranques y pueda llegar a su destino con comodidad. Sin embargo, advirtió que también existe el ‘no voy’ virtual, ya que los conductores de Über pueden decidir cancelar un viaje solicitado por el usuario tras conocer el destino.

Panameños y panameñas compartieron sus perspectivas a través de redes sociales. Cansados de lo que consideran un pésimo servicio de los taxistas, claman por una solución como regular Uber y elevar los estándares de servicio del transporte. El país espera que esta vez el Gobierno Nacional cumpla su palabra y finalmente tome un posición sobre este tema.