Lucha política en la Asamblea y administración de justicia, bajo el radar

La disputa política y jurídica por el control de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN) y las repercusiones de esta guerra interna en el resto de los órganos del Estado fue el punto de análisis en el programa Radar de este domingo 25 de febrero.

Para el analista político, Jorge Eduardo Ritter, los tres poderes públicos están en crisis y este problema institucional grave adentrará al país en un panorama conflictivo.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún incompleta y en espera de reemplazos, la demora del Ejecutivo en las designaciones y la lucha a lo interno del Legislativo para apoderarse de la Comisión de Credenciales, una de las más importantes y que eventualmente tendrá que analizar los candidatos al máximo tribunal de justicia, sumergen al país en la desesperanza.

En medio de acusaciones de chantaje y de una conspiración para juzgar al presidente de la República, los diputados de oposición Elías Castillo y Mariela Vega manifestaron en el programa Radar que la decisión tomada por el Pleno de la Asamblea solo busca darle independencia a este órgano y negaron que vaya de la mano con un posible proceso contra el mandatario Juan Carlos Varela.

La integración de la Comisión se votó el 17 de julio de 2017 y no fue hasta el mes de diciembre, con el proceso de ratificación de los candidatos a la CSJ, que tomó notoriedad la representación del Partido Panameñista en ésta. En el momento que se conformó la comisión, el entorno político del país era distinto, apuntaron analistas.

El diputado oficialista y presidente de la Comisión, Luis Eduardo Quirós, reiteró que el Panameñismo desconocerá lo decidido en el Pleno de la Asamblea y que presentarán recursos ante la Corte Suprema, con el objetivo de frenar una nueva votación.

Quirós resaltó en Radar que la amenaza de juzgar a Varela sí existió y se dio por parte del diputado Pedro Miguel González, gestor de la propuesta que desmanteló la Comisión de Credenciales. “Y de ahí inicia todo este movimiento que ha desembocado en la decisión del Pleno”, añadió Quirós. “Estaremos pendientes de las opiniones que salgan de las consultas que hemos estado elevando”.

Castillo, miembro del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirmó que lo actuado seguirá siendo legal hasta que no se pruebe lo contrario. “Esas son interpretaciones. Quien califica si una cosa es legal o inconstitucional es la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que se ha actuado es soberano porque el Pleno (de la Asamblea) es soberano”.

El parlamentario desmintió que el PRD y Pedro Miguel González estén buscando un espacio para nombrar magistrados en la Corte Suprema. “Nada más lejos de la verdad”.

La diputada de Cambio Democrático (CD), Mariela Vega, por su parte aseguró que se están “viviendo presiones de todo tipo” desde el momento que llegó la designación de las magistradas a la Asamblea y señaló al oficialismo como el único responsable de forzar y llevar una ratificación al Pleno de candidatas que ya habían sido rechazadas por el pueblo.

Negó que se hayan dado conversaciones de cuantías o prebendas. Con relación a la reconformación de la Comisión de Credenciales, Vega aseguró que solo se busca la independencia del Legislativo.

Vega acotó además que es hora de “buscar los equilibrios”, en el poco tiempo que queda para que termine el Gobierno de Varela. “Este es un momento en que hay que empezar a pensar diferente. Me parece el tema de las magistradas ha dejado un sinsabor tan grande en el Ejecutivo, que no les ha permitido pasar la página. Es hora de ver con esto con mucha madurez política”.

Justicia secuestrada

Mientras que dos jóvenes y proponentes de importantes proyectos de ley en la lucha contra la corrupción, Juan Diego Vásquez y Mauricio Valenzuela, coincidieron en que la Asamblea ha ignorado sus funciones por sumergirse en esta lucha política y ha llevado al país a experimentar un estrés innecesario.

Vásquez, un estudiante de derecho que impulsa la iniciativa de la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos contra la administración pública, calificó de “irresponsable” e “irónico” que el diputado González diga que desconocía cómo estaba conformada la comisión. “Es una mentira al pueblo panameño”, comentó.

Vásquez lamentó que el mandatario Varela haya postergado una vez más la designación de los magistrados a la Corte Suprema, así como le exhortó a que salga del juego político y nombre a candidatos independientes. “Ha respondido a los juegos de todos los partidos. ¿Cómo pretende una reacción diferente?”, cuestionó.

Para Valenzuela, que promueve el proyecto de inhabilitación de funciones a personas condenadas por corrupción, los diputados son “cómplices” e igual de culpables de que “se siga utilizando la Asamblea Nacional como una moneda de cambio”.

“Esta es la génesis de todos los problemas que tenemos ahorita mismo en el gobierno. Están literalmente lucrando con su posición”, dijo en Radar. “Hay un barranco de leyes que están detenidas, que no se están discutiendo y esa es la labor de ellos”.

La iniciativa de reconformar la Comisión de Credenciales por parte del diputado González, a juicio de Valenzuela, tiene un matiz político y no representa el deseo de la ciudadanía, que exige a los diputados que cumplan con sus funciones.

“Carguen su cruz porque ustedes cogobernaron con el gobierno. Ustedes le han dado todas las herramientas a este gobierno para que hagan todo lo que han hecho. Los exhorto a que dejen de ver al pueblo como animalitos que no prestamos atención”, reclamó Valenzuela.

“Hay una Corte Suprema de Justicia sin cabeza. Tenemos a un pueblo secuestrado, una justicia secuestrada y ustedes están aquí riéndose, como que mínimo, estamos viviendo en un cuento de hadas. Sus funciones son legislar y no lo están haciendo", sentenció.

Una salida transparente

El procurador de la Administración, Rigoberto González, detalló en Radar que se le ha reiterado al presidente Juan Carlos Varela que implemente el mecanismo establecido en el Pacto de Estado por la Justicia para las designaciones a magistrados de la CSJ.

González señaló que éste no violenta las potestades constitucionales del mandatario, sino que pretende ser “una salida honrosa, democrática y de credibilidad al impasse” en el que se encuentra la administración de justicia y brindar transparencia de la selección ante la opinión pública.

El procurador explicó que el mecanismo tal cual solo se implementó en dos ocasiones, bajo la administración de Martín Torrijos, y que el último proceso, en el que salieron Ángela Russo y Cecilio Cedalise seleccionados, fue coordinado por el Ejecutivo, lo que no contempla el Pacto de Estado por la Justicia.

González señaló que la crisis de justicia “no va en función solamente” en la designación y las vacantes en la Corte Suprema, sino dentro de “un contexto mucho más general”.

“Siempre hay que prestarle mucha atención al problema de cómo se percibe la administración de justicia y cómo se integra va a traer como resultado la credibilidad”, manifestó el procurador en el programa Radar.

“Si el ciudadano siente que el mecanismo previsto en la Constitución no cuenta con el principio de transparencia y participación ciudadana, que es producto de lo establece el Pacto de Estado por la Justicia, va a quedar esa percepción, que continuará habiendo y existiendo crisis en la administración”.