Inseguridad en Colón y Asociaciones Público-Privadas, en el Radar

La inseguridad en las calles de la ciudad de Colón y el proyecto de Ley para regular las Asociaciones Público-Privadas (APP) fueron los temas discutidos este domingo 8 de septiembre en Radar.

¿Cuál es la respuesta que Colón necesita?

A pesar de las cuantiosas inversiones monetarias y de infraestructura realizadas por el gobierno de Juan Carlos Varela en Colón, la provincia sufre de un grave problema de inseguridad e incertidumbre económica.

Juan Carlos Córdoba, director de proyectos de Inclusión en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), fue crítico del Proyecto Renovación Urbana de Colón.

“La Renovación de Colón es un Apartheid. Fue decir: liberen el Casco, vamos a poner a esta gente en un lugar distante y veamos que vamos a hacer con el Centro”, manifestó Córdoba. Para el funcionario, “las malas experiencias no deben tener seguimiento”.

Señaló que se privilegió a grupos pandilleriles, y que ni siquiera se cumplió con las promesas que les hicieron. Además, denunció que los subsidios se entregaban con criterios partidistas.

La nueva estrategia, de acuerdo con Córdoba, es un plan integral focalizado en la educación, prevención primaria y articulación. Consideró que debe darse prioridad a los jóvenes que no han infringido la ley, incluso a aquellos en edades tempranas. Adelantó que se trabaja en un “Proyecto Colmena”, que consistiría en intervención gubernamental en zonas golpeadas por la pobreza. Destacó también las iniciativas de grupos juveniles que ya han tomada la iniciativa.

“No podemos pretender aparecer con una varita mágica a resolver un problema tan grave. Necesitamos articular con la autoridad local, con líderes de la sociedad civil, con los empresarios”, concluyó Córdoba.

Diógenes Galván, excandidato independiente a la Alcaldía de Colón, señaló que en Colón se vive una descomposición social, producto de la indiferencia de varios gobiernos.

“El fracaso no es necesariamente de un gobierno. Es sistémico, es de los líderes de los partidos políticos, la concatenación de esfuerzos fallidos en un sentido y otros”, reflexionó Galván. “El gobierno de Varela tuvo un proyecto interesante. Su mayor error fue no involucrar a quiénes tenían algo que aportar más allá de un interés político o económico”, afirmó. Para Galván, “Colón ya fracasó” y tiene que ser salvado.

Gilberto Toro es un investigador social que trabaja con jóvenes colonenses en riesgo social o que forman parte de pandillas. Cuestionó el uso del término “resocialización” cuando muchos colonenses no cuentan siquiera con servicios sanitarios básicos. Explicó que ignorar a jóvenes productivos, favoreciendo a pandilleros creó incentivos nefastos, atrayendo incluso a más jóvenes a las pandillas.

“Se mandó un mensaje de que si estás en la pandilla vales. Si no estás en la pandilla, no vales”, opinó Toro.

“Hay que recuperar confianza, credibilidad y respeto. El gobierno pasado las perdió. La gente no quiere oír hablar de pandilleros, sino de cómo van a evitar que entren en las pandillas”, concluyó.

La comerciante Diana Mora lamentó las pérdidas económicas a causa de los trabajos en el Casco Viejo de la ciudad de Colón y la reubicación de sus habitantes.

“Fue una canallada lo que nos hicieron. No se tomó en cuenta a la gente. El problema con la Renovación es que todo se manejó desde Panamá. Fue un tema de ti, pero no contigo”, expresó Mora. La empresaria contrastó el cierre de empresas con la reciente noticia que el nuevo alcalde subió su sueldo. “¿Qué ha pasado ahí? Decían que el alcalde anterior no dejó dinero. Pero ahora resulta que hay dinero para pagar 14 mil dólares”, dijo Mora.

El panel fue enfático al destacar que la provincia de Colón cuenta un enorme talento humano, que ha sido cuna de glorias para el país y que tiene un potencial extraordinario. Coinciden en que concretar un cambio real y positivo para la provincia requerirá de la participación activa de las fuerzas vivas locales, dejando a un lado intereses políticos o sectoriales.

Asociaciones Público-Privadas

El proyecto de Ley que regula la figura de las Asociaciones Público-Privadas (APP) experimentó cambios importantes al llegar a la Asamblea Nacional. Entre ellos, incluir la inhabilitación de empresas y personas condenadas por delitos contra la administración pública o blanqueo de capitales; establecer un máximo de 30 años a los contratos, con 10 años prorrogables; permitir a los municipios ejecutar proyectos por menos de 15 millones de dólares; establecer que el ente rector de las APP tenga un miembro de la Asamblea Nacional; y excluir proyectos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

El Ejecutivo puede no estar conforme con estos cambios, por lo que el proyecto de Ley podría bajar a Segundo Debate.

Una de las críticas a la figura de las APPs es que por recurrir al financiamiento privado, su costo suele ser mayor a los proyectos que se ejecutan con financiamiento público.

“Lo que han demostrado los estudios, incluyendo los del propio Banco Mundial, es que las APP son más costosas que las alternativas, que aumentan los riesgos para el Estado y que empeoran el endeudamiento público. Todas las ventajas que utiliza el gobierno para argumentar a favor de las APP son falsas. Es un esquema costoso y un esquema de privatización que expropia los bienes que pertenecen a todos los panameños para entregárselos a unos cuantos empresarios para que acumulen riqueza a costa del patrimonio de todos los panameños. Hipoteca el futuro nuestro a 30-40 años. El país queda amarrado por esos contratos”, manifestó el politólogo y miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Richard Morales.

Para la exdiputada y actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua, Ana Matilde Gómez, se está creando una dualidad innecesaria.

“¿Por qué estamos creando dos sistemas paralelos? ¿Por qué nos hemos borrado de un plumazo a la Dirección General de Contrataciones Públicas y al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas? ¿Qué ha pasado que hemos tenido que crear un sistema paralelo en que las facultades y todo el control se le otorga a entes por antonomasia políticos?”, inquirió Gómez.

La abogada apuntó que el ente rector quedará finalmente adscrito al Ministerio de la Presidencia y que se hizo un “bypass al debate político” con buena parte de la ley. Destacó además que muchos temas como procedimientos, procesos de licitación, la figura del interventor y sus honorarios no están detallados en el proyecto de Ley, sino sujetos a una reglamentación que aún no se ha presentado.

Alfonso Grimaldo, abogado y analista, no se opuso a la figura de la APP.

“¿Tener esta ley es un beneficio neto? Podría serlo, pero habría que sacar la gerencia de las APP del Ministerio de la Presidencia”, opinó Grimaldo. “Si esta administración, o cualquier administración posterior, quiere hacer algo irregular, o ceder a un interés particular intereses del Estado por 20-30 años, no necesita esta ley para hacerlo”, añadió.

Grimaldo señaló que lo que se propone es similar al modelo ya existente de las superintendencias, que ha sido bastante exitoso en el país.

José Alejandro Rojas, ministro consejero para la inversión privada, defendió la iniciativa.

“El Estado no tiene la forma para poder echar para adelante la economía de forma sostenible, si no puede hacerlo con la empresa privada”, manifestó Rojas. “La ley de APP está en todos los países desarrollados. Han sido modelos de éxitos. Lo dice el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todas las multilaterales del mundo están a favor de esta ley de APP. Todo el sector productivo del país ha estado apoyando la APP”, declaró.

Rojas negó que se vaya a crear una dualidad, ya que asegura que el objetivo es tener un solo estándar para las contrataciones y que la ley de APPs sería “prima hermana” de la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Colocó especial importancia en el proceso de consultas que se ha hecho con organismos internacionales.

“Me parece que sería irresponsable de nosotros tratar de saber más que las personas que han hecho esto por 30 años en todos los países diferentes”, fue la respuesta de Rojas ante los comentarios de hacer adecuaciones al proyecto de Ley.

Proyectos conjuntos entre el Estado y la empresa privada ya se han ejecutado en Panamá con resultados mixtos. Algunos casos notables son los Corredores Norte y Sur, y el Metrobus, ambas concesiones que han tenido que ser compradas posteriormente por el Estado panameño.