Explosión en PH Costamare saca a relucir deficiencias al adquirir una vivienda

El incidente del PH Costamare sacó a relucir algunos de los principales problemas de los panameños a la hora de adquirir una vivienda. Estos fueron analizados por expertos en el Radar de este domingo 9 de junio.

Calidad vs cantidad de normas

El principal debate se centró en cuál debe ser el balance entre la cantidad de normas de construcción que buscan la seguridad del ciudadano y la capacidad de las autoridades de verificar su cumplimiento.

Elisa Suárez, directora de Convivienda, afirmó que la industria de la construcción es una de las más reguladas de Panamá, ya que para el desarrollo de un proyecto deben pasar por 19 instituciones y 120 trámites.

Insistió en que la gran cantidad de normas generan que “todo el mundo quiera saltárselas,” facilitan la corrupción y encarecen los proyectos.

Sin embargo, el expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Gustavo Bernal, argumentó que “a veces tenemos que gastar un poquito mas para sentirnos mejor,” y que las normas han generado una ciudad segura, ya que “han ocurrido sismos y la ciudad sigue ahí.”

Un escenario confuso

Además de la cantidad de normas, existe un escenario confuso alrededor de cuáles son los roles y responsabilidades de los distintos actores, tanto autoridades gubernamentales como miembros del sector privado, que participan en la cadena inmobiliaria.

La discusión del panel dejó claro que existe un nivel de discrecionalidad en la aplicación de las normas y que estas han cambiado recientemente.

El alcalde Blandón explicó que, con respecto al reglamento de seguridad humana, “la NFPA es la regulación en Estados Unidos y nos acogemos, pero hay cosas que se aplican y otros que no,” por lo que “se ha hablado de la necesidad de panameñizar el documento” para así asegurar su cumplimiento a cabalidad.

Por ejemplo, el coronel de los Bomberos, Estirito De Frías, informó que, hasta el año pasado, se recomendaba realizar la prueba de hermeticidad anualmente, pero que a mediados de año se cambió la recomendación a cada 3 años.

Adicionalmente salió a relucir que, si bien es obligatorio realizar la prueba, no existe ningún control constante para asegurar que estas se realicen, sino que depende del nivel de responsabilidad de la administración de los PH y sus juntas directivas, lo cual lleva a que la gente, incluso miembros del panel, desconozcan de esta importante medida de seguridad.

Suárez sostuvo que las reglas deben ser iguales para todos, sin importar de la buena o mala disposición del funcionario a cargo, y que deben ser estables, para evitar violentar la seguridad jurídica con cambios de reglas una vez ya ha iniciado el proceso de construcción.

¿Quién defiende al inquilino?

Algunos panelistas destacaron el estado de indefensión en que se encuentran los usuarios y compradores de viviendas al ocurrir incidentes o fallas en sus inmuebles.

Giovani Fletcher, del Instituto Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá, denunció que, aún cuando el ciudadano acude a la Acodeco a interponer su denuncia, “la gran parte de los malos agentes económicos no dan la cara,” y “ya no existen, la sociedad anónima fue disuelta, la cuenta bancaria de la sociedad ya no opera” o la promotora o constructora están a nombre de sociedades o fideicomisos, lo cual dificulta que se deslinden responsabilidades concretas.

Responsabilidad compartida

Sin embargo, autoridades insistieron en que los ciudadanos también tienen un nivel de responsabilidad en la cadena de procesos.

El alcalde Blandón enfatizó que el problema “no es solo la empresa constructora,” sino “el ciudadano también, que está acostumbrado a hacer mejoras sin sacar los permisos.”

Explicó que cualquier trabajo superior a los $500 requiere un permiso para corroborar que no se violen las normas de seguridad y que no se ponga en peligro el resto del inmueble.

En el caso del residencial Costamare, continúan las investigaciones para determinar las causas del incidente.