Demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 y presupuesto del Estado fueron puestos en el Radar

La sesión permanente declarada por la Corte Suprema de Justicia para analizar las demandas de inconstitucionalidad contra el contrato minero fue uno de los temas que se analizó la mesa de Radar de este domingo 26 de noviembre.

El exmagistrado Harley Mitchell Dale, explicó qué significa que la Corte se declare en sesión permanente, señalando que esto no significa que se deje de ver la otra carga laboral que ocupa al tribunal de justicia, al menos que se declare la suspensión de términos, lo que no ha sucedido.

Sobre la integración de las demandas de inconstitucionalidad en un solo proyecto, dijo que se requiere de un análisis y una votación para tomar la decisión.

De acuerdo con el magistrado, el tiempo que pueda demorar la Corte en emitir un fallo, Mitchell señaló que esto depende de muchas cosas, porque hay que respetar instancias, momentos y garantizar la participación reflexiva de los integrantes; pero con la intensidad que se está haciendo, se pudiera tener un resultado en un tiempo prudente.

El exmagistrado, que también presentó sus alegatos en los que sustenta la ‘inconstitucionalidad del contrato’, dijo que se basa en la naturaleza jurídica del contrato ley y la Ley de autorización para contratar, el principio de validez y eficacia, que significa que el contrato Ley se conforma sobre vacíos reglamentarios avenientes al tema que comprende la finalidad del proyecto a construir.

Sobre la espera de los panameños en el fallo de la Corte, destacó que es ‘una espera militante’ y respetuosa, resaltando que, dentro de la adversidad de la situación, es una adversidad esperanzadora.

“Es una situación que dentro de la contrariedad que puede representar fortalece la institución, porque se cree en la institución”, dijo Mitchell.

Sobre la parcialidad del fallo, Mitchell considera que no se puede declarar la parcialidad de inconstitucional sobre el contrato, ni la totalidad, porque el contrato no existe, “lo que se está analizando es un simulacro de contrato”.

La abogada Martita Cornejo, una de las demandantes, habló sobre el fallo de la Corte dijo que están a la espera de que se les comunique que el fallo está listo para que se les notifique, destacando que considera que esto debe ser lo primero para no perder tiempo.

Indicó que no existen términos para que la CSJ informe a Minera Panamá, pero sí hay un término para que la decisión se publique en Gaceta Oficial que es cuando se pone en conocimiento a la población, al Ministerio de Comercio e Industrias y al Ministerio de Ambiente para que cumplan el fallo.

Agregó que, es importante la publicación en Gaceta para que estos ministerios ejecuten la decisión y no suceda como ocurrió en el 2017, que nunca se supo cuando se cumplió con estos pasos.

Para Cornejo, no solo se trata de emitir un fallo ‘inconstitucional’, sino la sustentación que será la defensa de Panamá en tribunales internacionales.

Por otra parte, Harley Mitchell hijo, dijo que espera un fallo en derecho, considerando que no hay forma en que los intereses de la empresa se hayan escabullido, asegurando que hay una serie de normas constitucionales violentadas en el la Ley 406.

Destacó que la estructura jurídica que tiene el contrato para ser válido ha sido desmontada públicamente, por lo que espera que a través de las demandas de inconstitucionalidad y las opiniones de los abogados a través de los alegatos puedan convencer a los magistrados para que lo que ya se sabe sea formalizado a través de un fallo.

Presupuesto del Estado

Sobre el presupuesto general del Estado, que aún no se ha definido para el 2024, y que será reducido debido a la posibilidad de que el contrato con Minera Panamá se declare ‘inconstitucional’, el exministro de Economía y Finanzas Domingo Latorraca, dijo que esta es la principal herramienta para ejecutar las políticas públicas que tienen los componentes de gastos e inversión, este último es el que puede ayudar a mejorar la productividad.

Aunque considera que el proyecto actual de más de 30 millones de dólares es extraordinario, reconoce que cada año el presupuesto del Estado va a aumentar porque el país crece, pero no es normar un aumento del 20%, por lo que debe revisarse, sobre todo en materia de funcionamiento y gasto, ya que, no está alineado con la realidad del país.

Destacó que cuando no se alinean los gastos con los ingresos se cae en un déficit, y eso se mide contra la producción nacional, por lo que hoy día, considera no es necesario esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya que, las vías están bloqueadas, destruyendo empleos y producción, lo que tendrá un efecto en el presupuesto, por lo que se deben reabrir las calles de inmediato.

Agregó que, en caso del cierre de la mina, cuando ésta empiece a disminuir su producción disminuirán las compras, los empleos y demás, lo que impondrá presión a las finanzas del Estado.

“Panamá tiene retos importantes en materia tributaria, que no son de ahora”, recalcó Latorraca.

Mientras que el abogado Ernesto Cedeño, mencionó la posibilidad de que el Ejecutivo no envíe el proyecto de presupuesto a la Asamblea y se adopte lo que ellos aprueben en consejo de gabinete, de ser así, lo considera ‘un golpe al hígado’.

Sobre los cierres de calle, Cedeño dijo que envió una carta al Procurador de la Administración hacer las mediaciones necesarias para que se reabran la vía, y aunque él es protestante, no está de acuerdo con estos cierres porque los productores en Chiriquí están a punto de perderlo todo.