Zulay Rodríguez: Caso lingotes de oro es remitido al Ministerio Público

Cuidad de Panamá, Panamá/En horas de la mañana de este sábado 13 de julio, se informó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habría remitido al Ministerio Público el caso del presunto hurto de varios lingotes de oro, por el que está vinculada la excandidata presidencial Zulay Rodríguez.

A través de diversos medios, se dio a conocer que la nueva Asamblea Nacional notificó a la CSJ que, en efecto, la exdiputada renunció a su curul. En su momento, la también excandidata a la Alcaldía de San Miguelito fue denunciada por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos relacionados.

El caso se centra en el presunto hurto de 68 kilos de oro pertenecientes al fallecido mexicano José Luis Penagos. Se supo que, en relación a este caso, el Ministerio Público había iniciado las diligencias de investigación.

Renuncia como diputada

El pasado jueves 26 de febrero, durante el primer debate presidencial, Rodríguez hizo una serie de declaraciones contundentes sobre su posición como diputada del circuito 8-2, del distrito de San Miguelito. En dicha ocasión, presentó de forma oficial su renuncia al cargo.

"Hoy (26 de febrero) presenté mi renuncia como diputada en la curul 8-2 de San Miguelito porque me van a permitir salir en esa papeleta del 5 de mayo, a pesar de que tienen a entidades para sacarme de la contienda", informó la exdiputada en su momento.

Acuerdo

Por otro lado, en meses anteriores, Rodríguez habría llegó a un acuerdo con la parte demandante del caso. Se conoció que la excandidata presidencial logró un acuerdo económico con los demandantes y su defensa legal solicitó la desestimación del caso, sin embargo, la magistrada de la causa penal, en función de juez de garantías, declaró inadmisible la solicitud de desistimiento de las partes.

Luego de un receso, la magistrada Ariadne García, examinó los argumentos presentados en el acto de audiencia y el "acuerdo extrajudicial" e hizo su pronunciamiento en el que no admitió el acuerdo entre las partes. En su opinión jurídica, García determinó que como no existía imputación de cargos en contra de Rodríguez, no podía ser admitida la solicitud de desistimiento presentadas por ambas partes, para finalizar el caso. La decisión se concentró en que el proceso se encuentra en una fase preliminar. 

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Durante la audiencia de imputación de cargos, que se desarrolló el miércoles 3 de abril desde las 2:00 p.m., y que finalizó casi a las 5:00 p.m., se comunicó que los familiares de Penagos habían pactado un “acuerdo de indemnización” con la presunta vinculada, el cual no fue aceptado en esta audiencia.

En la constitución, se establece que los diputados en ejercicio solo pueden ser investigados y procesados por los magistrados de la Corte, motivo por el cual este proceso se encontraba en dicho Órgano del Estado. Ante la no admisión del acuerdo, la defensa de Rodríguez presentó cerca de cinco recursos ante la CSJ: tres amparos de garantías, dos recusaciones y dos hábeas corpus preventivos contra las magistradas García y María Cristina Cheng Stanziola, esta última en funciones de fiscal.