Noticiero Estelar
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetó de forma parcial el proyecto de ley 980 que modifica artículos de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, y les permitía a las autoridades locales cobrar el salario que ostentaban como funcionarios de entidades públicas, en caso de que fuera superior al del cargo para el que fueron electos.
En una carta enviada al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames, el mandatario respaldó el veto a los artículos 1 y 2 del proyecto, sustentando que encontró razones de inconveniencia que le permiten tomar esta decisión.
En la misiva se hace referencia a ambos artículos, el primero que establece que en los casos en que el salario asignado a los representantes de corregimiento y sus suplentes sea inferior al que perciban como servidores públicos de la institución gubernamental en la que laboraban antes de las elecciones, por su condición de servidor público electo, podrán renunciar al salario que le corresponde como representante o suplente y percibir el de la institución en la que laboraban.
Veto indica que “esta disposición encuentra su justificación en el hecho de que servir al país como funcionario de elección popular no debería conllevar por sí solo la pérdida del cargo público anterior; no obstante, he de observar que en los párrafos que se añaden a esta disposición, no hace ningún sentido que la licencia sin sueldo pueda incluir el goce del salario anterior del servidor público en el caso de que sea mayor al de representante de corregimiento, ya que en esencia no puede haber licencia sin sueldo con goce del salario. También he de agregar que en la actual redacción dada al aItículo 72 de la Ley 37 de 2009, queda en un limbo jurídico la situación laboral de aquellos funcionarios que se encontraban laborando en la empresa privada”.
Sobre el segundo artículo, indica que, se stablece la misma disposición solo que esta vez para alcaldes y vicealcaldes, se hace la misma advertencia por parte del mandatario.
El proyecto fue retornado a la Asamblea Nacional para que realicen el respectivo análisis de las objeciones por la que no fue sancionado.