Venezolanos podrán extender su permanencia en Panamá tras suspensión de vuelos

El director Nacional de Migración, Javier Carrillo, manifestó que luego que el Gobierno de Venezuela anunciara la suspensión de relaciones económicas con Copa y otras empresas panameñas, trayendo consigo la cancelación de operaciones de aerolíneas de ambos países, se extiende el período de permanencia de venezolanos en Panamá.

Carrillo explicó que una vez Venezuela decidió cancelar los vuelos con la aerolínea Copa, se produjo una tensión entre los viajeros, los encargados de la empresa panameña y las autoridades; ya que debían buscar la forma de que los pasajeros pudieran llegar a su destino a pesar de las restricciones.

La coordinación de Copa, permitió que a la fecha no quede varado ningún venezolano o viajero que requería hacer escala para seguir con su tránsito en el aeropuerto, aseguró el director de Migración.

En el caso de las aerolíneas venezolanas, se le ha dado un margen de 15 días para que puedan encontrar una solución hasta el próximo 25 de abril, mientras se harán algunas prórrogas hasta por un máximo de 60 días para que los venezolanos puedan junto con las aerolíneas retornar a su país.

Luego que Panamá decidiera ajustar la cantidad de venezolanos que ingresaban al país con la puesta en marcha del nuevo visado, se ha producido una disminución en la entrada de estos suramericanos.

“El año pasado hubo una disminución en la entrada de 60 mil venezolanos. Entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, hubo más venezolanos que salieron, de los que entraron al país”, reveló Carrillo.

Migrantes en Panamá

Unos 70 extranjeros se encuentran en estos momentos en el albergue de Migración, cuya capacidad está destinada para 110 personas, negando así, que exista hacinamiento.

“No se usa la fuerza en esa zona, ni hay violación de derechos humanos, ellos no son criminales, se trata de un refugio donde están los migrantes irregulares que se pasaron de los 30 días de turistas o que han ingresado de forma ilegal”, manifestó.

La Dirección Nacional de Migración gasta un millón de dólares aproximadamente en deportaciones, los cuales son pagados por los extranjeros que se han ido regularizando, a través del fondo de repatriación.

El ingreso ilegal de extracontinentales al país ha disminuido, por lo que no existe una crisis como la que se reflejó entre 2015 y 2016.