Vence el plazo: más de 10,000 funcionarios han presentado declaración jurada

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de que entrara en vigencia la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública, muchos han sido los funcionarios que han acudido a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para presentar sus declaraciones.

La misma establece que los funcionarios de alta jerarquía, como lo son diputados, ministros, magistrados, presidente, entre otros, tienen que hacer pública su declaración de conflicto de intereses; entre ellos regalos, acciones, participación financiera y contratos.

Dentro de esta también se incluye al sector privado quien licita en este caso con el Estado sobre 50,000 dólares y personas que no son parte de la función pública, que son parte de juntas directivas y reciben fondos del Estado.

En dicha ley también se estipula que esta declaración deberá ser entregada en un plazo improrrogable de treinta días hábiles, desde la toma de posesión de su cargo, misma debe ser renovada de forma anual, dentro de los primeros diez días de cada año.

Para este miércoles 5 de abril, se vence el plazo para que estos funcionarios realicen su declaración jurada ante la entidad.

De acuerdo con la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, cerca de 10,000 personas han presentado su declaración, entre funcionarios públicos y que forman parte de juntas directivas. Sin embargo, esta cifra aumento a 12,000 en las últimas horas y se espera que la misma aumente para las 6:00 p.m., hora que vence este plazo.

Una vez culmine la presentación de estas declaraciones, se comenzará con la verificación de la información presentada por parte de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) con el objetivo de detectar a aquellas personas que no presentaron la misma en el tiempo estipulado y corroborar además que la información presentada por aquellos que si cumplieron sea la correcta.

Fernández indicó que, de acuerdo con la normativa, una vez se culmine con la verificación de esta, se presentará un informe final sobre estas declaraciones.

“La información se estará subiendo a una plataforma para que se pueda verificar quienes fueron estas personas que incumplieron y no presentaron la misma antes del 5 de abril. No existe justificación para esto. Una vez que hacemos loas investigaciones en las entidades vinculadas, al momento de cruzar la información tanto del sector público como privado, nos permite determinar el conflicto de interés”, argumentó.

En el caso de que las personas no presenten esta información, se les estará declarando el acto administrativo como nulo y además de indemnizar al estado por daños y perjuicios. Dentro de estas sanciones, también se incluye la destitución sanción de 3 meses del salario. 

Con respecto al tratamiento de la información, Fernández explicó que cerca de 10 personas han ingresado a la unidad entre auditores, abogados y financistas junto a la asistencia de la AIG debido a la magnitud de la información y la cantidad que se estará verificando.