Ven como positivo la creación de una subcomisión para discutir proyecto de Ley de Extinción de Dominio

Panamá continúa en el análisis del proyecto de Ley de Extinción de Dominio que busca desarticular económicamente a los grupos del crimen organizado que operan en el país y que le permita utilizar estos recursos.

Para Jonathan Riggs, secretario del Ministerio de Seguridad, es positivo que en este proyecto de ley se genere consenso por parte de todas las personas que puedan introducir nuevos elementos para fortalecerlo y generar un documento que permita combatir la criminalidad de forma sostenida y dinámica.

Explicó que el proyecto respeta el derecho de propiedad privada que establece la Constitución, siempre y cuando se haya obtenido de manera legal, pero los que no puedan ser justificados deberán enfrentar la extinción de dominio.

Puso como ejemplo al país vecino de Colombia, que hace 30 años cuenta con esta herramienta legal, asegurando que introducir esta figura debilita el músculo financiero de las organizaciones que genera un desplazamiento de la violencia y criminalidad.

Detalló que, en el proceso de aplicación, la persona afectada tendrá que justificar la forma de obtención de los bienes, por lo que se advierte a través de un juez de garantías la legalidad del mecanismo aplicado, se le darán las garantías y se respetará el debido proceso.

“La corrupción es evidente que genera una estabilidad, genera un hecho delictual criminal que a todas luces debe ser investigado, como tal debe ser introducido. Nosotros aspiramos a que se vea toda la gama de delitos que genere un bien, dineros o propiedades producto de la actividad criminal debería enfrentar la extinción de dominio”, expresó.

Aclaró que en el documento no se señalan delitos en específico, porque se aspira a que se vea la gama de delitos que conforma el código penal y esta investigación no está dirigida contra una persona, sino contra el bien.

Fue enfático en decir que no se puede permitir que se impida la introducción de esta figura, porque es una manera de enviar el mensaje de que el delito no paga.

Destacó que el tiempo para la aprobación del proyecto de ley dependerá de los diputados, pero se estará dando seguimiento para que no se detenga.

Sobre el proyecto de Ley de Política Criminológica, pese a que ya existe un Decreto Ejecutivo sobre el tema, Riggs señaló que forma parte de la estrategia para la prevención de la corrupción, ya que, aunque existan leyes, en la ejecución no hay presión ni articulación efectiva a través de un decreto, por lo que elevarlo a Ley permitiría privilegiar la prevención como mecanismo científico.