Usuarios piden presencia en mesa que analiza situación de plataformas digitales

Miembros de la Asociación de Consumidores Libres, catalogaron de “cantinflada” lo actuado por el director de la Autoridad de Tránsito, Miguel Martínez y gremios taxistas que a su juicio, buscan echar por tierra el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que aprobó el cobro en efectivo al servicio que ofrecen las plataformas digitales.

Raúl Molina, miembro de esta agrupación indicó que la sentencia de la Sala Tercera está en firme; las partes en este proceso o pleito fueron: la Asociación de Consumidores Libres, como parte demandante; el Ministerio de Gobierno como parte demandada por emitir un decreto que prohibía el cobro en efectivo y limitaba geográficamente el servicio de las plataformas digitales.

Agregó que pretender que persona alguna pueda presentarse a cualquier juzgado a pedir aclaración de sentencia de un juicio del que no es parte; es propio de una mentalidad “macondiana” tal como lo realizó la Cámara Nacional de Transporte (Canatra).

“Lo anterior es absurdo, porque le permitiría a cualquier persona paralizar todos los procesos judiciales que están andando en el país”, aseveró.

Molina dijo que el Gobierno ha caído en esta farsa, que "no es más que una excusa barata para violar la ley y desconocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia; y un golpe de estado técnico".

“Esta decisión está en firme y ejecutoriada. No se ha puesto en Gaceta porque tiene un trámite, pero no quiere decir que este no está en firme”.

Por su parte Javier Santibáñez, también miembro de la asociación, señaló que durante años el usuario que es la parte activa; que paga el servicio merece un trato digno y mínimo razonable, pero durante décadas no lo han tenido sobre todo las personas con discapacidad.

Exigieron al Gobierno Nacional presencia de los usuarios en la mesa que se ha realizado con los transportistas “coaccionadores y extorsionadores”.

En tanto, advirtieron que de restringir el cobro en efectivo, el director del tránsito estaría cometiendo desacato de un fallo de la Corte, y probablemente en la comisión de un acto delictivo, lo cual es la infracción de los deberes como servidor público.