Culmina audiencia preliminar en caso Odebrecht, jueza se acoge al término

Ciudad de Panamá/Este miércoles tras haber escuchado los alegatos de los 37 abogados defensores y las opiniones de la fiscal Ruth Morcillo, la jueza Baloísa Marquínez decidió acogerse al término de ley para la emisión de la resolución, dando por finalizado el acto de audiencia preliminar en el caso Odebrecht.

Al finalizar, la fiscal Ruth Morcillo, expresó su satisfacción por la culminación del proceso tras 7 años de investigación, confiada en que se hará el llamamiento a juicio y se podrá continuar a la etapa donde corresponde la responsabilidad penal. Reiteró que la investigación es sólida, basada en la trazabilidad de las cuentas y las transacciones.

Tras 12 días de audiencia en la que el Ministerio Público (MP) tuvo la oportunidad de presentar el caso, sustentar la vista fiscal y establecer las vinculaciones de los imputados para los que está haciendo llamamiento a juicio, todo parece indicar que este miércoles finalmente culminará el proceso y la jueza se acogerá a un periodo que podría durar 30 días o más para calificar lo expuesto.

De igual manera, los abogados de la defensa tuvieron su turno para presentar sus alegatos con los que trataron de desvincular a sus clientes de los hechos señalados por la Fiscalía Anticorrupción, pero además sostuvieron que el hecho punible no fue probado, al igual que el delito precedente, término que espera la fiscal Ruth Morcillo poder aclarar al final de la defensa. 

Jorge Alberto Rosas

Juan Carlos Rodríguez, abogado defensor del exdiputado Jorge Rosas, fue el primero en presentarse ante el tribunal, alegando que el Ministerio Público no ha acreditado el hecho punible, ni vinculación de su cliente al delito de blanqueo de capitales, lanzando ataques al Ministerio Público y sus investigaciones sobre el por qué se caen los casos.

Seguidamente explicó en qué consiste la audiencia preliminar en la que el MP debe acreditar el hecho punible y vincular a los imputados con pruebas, lo que no ha hecho la institución. De igual forma narró una reseña histórica de la participación de su cliente en la firma Rosas & Rosas y cómo termina atendiendo desde la firma a André Rabello que, en 2004, cuando aún la empresa no hacía obras en el país solicitó los servicios de la firma.

Recordó que, en el 2009 su representado solicitó licencia en la firma para poder desempeñar su puesto de diputado tras haber ganado las elecciones. Dijo que cuando escucha los alegatos del Ministerio Público, se sorprende porque se cambió la teoría del caso, ya que la debida diligencia fue realizada, calificándola como una deslealtad procesal. Agregó que el Ministerio Público no probó la ilegalidad del servicio.

Posteriormente leyó la declaración hecha por André Rabello y lo leído por el Ministerio Público, donde según el abogado, nunca se dice que los dineros eran para pago de coima.

Recalcó que el rol del Ministerio Público es llegar a la verdad material actuando apegado a le ley y sin personalizar casos, siguiendo la prueba, algo que no ve en la investigación por el caso Odebrecht.

Alegó sobre lo declarado por el Ministerio Público e indicó que daba toques políticos y especulativos.

Aclaró que Rosas nunca fue mencionado por los colaboradores de Odebrecht durante la investigación, pero hacen una correlación para señalar el delito de corrupción, pero no existen elementos probatorios que puedan indicar que Rosas desde la Comisión de Presupuesto trató de ayudar a Odebrecht.

Destacó que en el periodo en que Rosas fue secretario de la Comisión de Presupuesto, ninguna resolución fue firmada por su cliente porque ya tenían ocho firmas y no era necesario, calificando de “serio y especulativo” lo indicado por el MP.

También hizo mención a los mecanismos que utilizó la fiscalía al momento de realizar las indagatorias, basados en noticias de diarios locales.

“Un expediente tan voluminoso como este, donde es muy difícil el estudio y la preparación suele afectar al momento de administrar justicia”, sostuvo Rodríguez tras rebatir los elementos presentados por el MP.

El abogado señaló que el MP no ha logrado probar que su representante tenía conocimiento de que los dineros entregados eran ilícitos.

Aprovechó para indicar que no se debe permitir la intervención que pretende hacer el Ministerio Público al final de los alegatos para aclarar los señalamientos vertidos por la defensa sobre el delito precedente de ‘soborno internacional’, manifestando que en esta fase no hay dobles alegatos. 

Incluso, solicitó sobreseimiento definitivo a favor de Jorge Alberto Rosas y que se le levanten todas las medidas cautelares que hasta el momento tenga impuestas.

Frank De Lima

La abogada DinosKa Montalvo, defensora del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, empezó señalando la gran reputación de la que gozaba la empresa Odebrecht, por lo que todos los gobiernos de todos los países soñaban con hacer negocios con la empresa.

Sin embargo, el Ministerio Público inicia investigaciones a raíz de varias publicaciones noticiosas de diarios locales y su representante, De Lima, queda involucrado en los hechos por la denuncia realizada por Alvin Weeden, quien establece el delito de corrupción de funcionario públicos y el delito de peculado. No obstante, primero se le imputa a De Lima por Blanqueo de Capitales y posteriormente por Corrupción de Funcionarios Públicos, el cual ya prescribió.

Montalvo manifestó que ha estado acompañando a De Lima en otros casos por los que ha sido imputado, debido a que su cliente era el condimento del Ministerio Público, pero recalcó que para hacer las aseveraciones que hizo la fiscalía primero se tiene que entender el gran monstruo que es administrar el Estado.

Recalcó que, para que haya un delito de blanqueo de capitales debe existir dolo, o sea, la persona debe estar consciente de lo que está haciendo. Posteriormente habló sobre la funcionabilidad de la caja 2 de Odebrecht, que tenía tres estructuras, pero ninguna penetraba a la otra, pues en sus consideraciones, Marcelo Odebrecht tenía el control de todo y evitar que se diera un cruce de información.

También se cuestionó el hecho de que los bancos no están presentes en la investigación que fue por donde pasó todo el dinero procedente de Brasil.

La abogada señaló que el acuerdo hecho entre la Fiscalía y Odebrecht es "criminal", debido a que la empresa facturó 9 mil 487 millones 100 mil dólares en obras en Panamá, pero solo devolvió 210 millones de dólares, de los que se han recuperado 59 millones de dólares calificándolo como una gran lesión al Estado.

La etapa de alegatos finalizó con la participación de Montalvo quien solicitó el sobreseimiento definitivo para De Lima.

En tanto que, la jueza Baloísa Marquínez, corrió traslado a la Fiscalía para responder a incidentes presentados por la defensa, en el transcurso de la audiencia preliminar del caso.

La fiscal Ruth Morcillo, antes de iniciar con sus opiniones dijo que se ha hecho parecer que los imputados están llamados a juicios más que por las pruebas, porque así lo ha querido una fiscalía atracadora y perseguidora de derechos constitucionales.

Ante esto la jueza Marquínez la interrumpió y le recordó que solo se puede referir a los incidentes, para lo que le otorgó 15 minutos.

Ruth se refirió primeramente al incidente de ‘principio de especialidad’ en el que señaló que ha sido un tema superado, por el cual se han emitido autos donde se establece que no existe un principio de especialidad que ampare al expresidente Ricardo Martinelli.  

En cuanto a la nulidad del proceso por ser los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela diputados del Parlacen, en el que señalan que el Ministerio Público no es competente para investigarlos sino la Corte Suprema de Justicia, indicó que la Corte ha mencionado en sendos fallos que señalan que el hecho de que la figura de un diputado aparezca en una causa penal, no implica que inmediatamente se deba elevar lo actuado a esa esfera judicial, por lo que pidió desestimarlo.

Con relación al incidente de prescripción planteado por Anibal Salas y Rosendo Miranda, dijo que sí advierte una posible nulidad porque sustenta sus incidentes en la falta de congruencia porque el Ministerio Público formuló cargos por unos hechos y en la vista fiscal hay otros hechos.

Sin embargo, en cuanto a lo presentado por Marcela Araúz, que ya fue resuelto, manifestó que igual suerte deben correr los incidentes presentados por Salas y Miranda, ya que, a pese a la incongruencia, a sus defendidos se les formuló cargo por blanqueo de capitales y es cuando inician su defensa activa. 

Ruth señaló que corresponde admitir el incidente de nulidad a favor de Maya Cikurel. 

Con estas opiniones de la fiscal y tras una corta participación del abogado querellante finalizó la audiencia preliminar.