Trata de personas, la esclavitud del siglo 21

La posición geográfica de Panamá lo convierte en una oportunidad para el origen, tránsito y destino de la trata de personas, por lo que es importante que la ciudadanía conozca la gravedad del delito, cómo se ejecuta y su evolución.

La directora de Seguridad Pública, Dayra Campos, señaló que las necesidades económicas de los ciudadanos de otros países los obliga a transitar de forma irregular, convirtiéndose en víctimas de tráfico y posteriormente de trata de personas, asegurando que estas víctimas en Panamá son extranjeras que son captadas en sus países de origen.

Destacó que al quedar en un territorio desconocido queda completamente debilitada su capacidad de responder a una agresión o incluso perdiendo la libertad.

Actualmente en Panamá se investigan ocho casos de trata de personas, de los cuales, cinco ya se ha comprobado que eran víctimas reales. En caso de que una persona sea víctima de trata o tiene sospecha de este delito se puede comunicar al 104 o al 516-2846 para buscar ayuda.

Las víctimas de este delito suelen ser personas que están en Panamá por la difícil situación económica en sus países de origen, homosexuales, abusados sexuales, problemas familiares entre otros factores.

Argumentó que no solo los extranjeros son víctimas del delito, también se han identificado a menores nacionales entre 6 y 15 años de edad, siendo la principal finalidad la explotación sexual y la explotación laboral donde los mayores afectados son hombres nicaragüenses.

Recordó que en el 2020 se dictó una sentencia por explotación laboral donde la víctima era una niña que no recibía compensación por su trabajo, pero hay muchas personas que no saben que son víctimas de trata.

Campos aseguró que estos delitos podrían terminar con sentencias de hasta 20 años de prisión.

“Las personas no pueden ser vistas como una mercancía y en pleno siglo 21 hay seres humanos que están esclavizados”, expresó.

Aclaró que el retener el pasaporte de las personas es un agravante que puede aumentar la pena de 20 a 30 años de prisión, por lo que reiteró a las personas hacer las denuncias y solicitar ayuda.