Escándalos en las planillas de la Asamblea y los 15 años de irregularidades sin fiscalización

Hace dos días, los funcionarios de la Asamblea Nacional fueron sorprendidos cuando personal de la Contraloría verificaba su asistencia y registro de marcación a la entrada del edificio como parte de un proceso para eliminar las "botellas". Este mecanismo, que forma parte de las auditorías anunciadas por el contralor Anel Flores, generó incomodidad, incluso entre la presidenta del Órgano Legislativo, Dana Castañeda, que calificó esta acción como un "maltrato".

Este nuevo intento de fiscalización surge en un contexto donde, desde el 2009, diversos escándalos de planillas han manchado la credibilidad de la Asamblea. Se estima el uso de 959 millones de dólares sin rendición de cuentas en diversos periodos, y bajo diversos esquemas.

Olga de Obaldía, directora de la Fundación Libertad Ciudadana, quien ha liderado denuncias y exigencias de correcciones para erradicar este tipo de escándalos de corrupción, aclaró que esto es una situación que viene ocurriendo desde hace décadas, sin que hasta la fecha algún contralor ejerciera su rol.

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“Durante esas tres administraciones y ahora esta cuarta administración, que estamos hablando de cuatro contralores diferentes, nuestra petición no ha cambiado. Estamos hablando de tres partidos políticos distintos ejerciendo el poder fáctico del Ejecutivo. Estamos hablando de tres asambleas diferentes con concentraciones de poder de partidos políticos distintos en las tres asambleas, pero al final son más o menos los mismos actores de poder”, explicó de Obaldía.

Según detalla de Obaldía, la historia de estas irregularidades se remonta a la administración 2009-2014, cuando el Ejecutivo de Ricardo Martinelli utilizó las partidas circuitales presuntamente para captar apoyo en la Asamblea. En ese periodo se estima que unos 403 millones de dólares fueron distribuidos sin rendición de cuentas.

Posteriormente, entre 2014 y 2019, emergió el escándalo de las donaciones, donde 14 millones de dólares se entregaron en cheques de pequeños montos, explicó la directora de la Fundación Libertad Ciudadana. En ese caso, siete personas fueron formalmente implicadas, incluyendo una representante de la Contraloría en la Asamblea.

Con la eliminación de ese esquema, aparecieron nuevas formas de manejo de fondos, como las famosas planillas 080, 172, 002, 001 y, recientemente, la 150. Entre 2014 y 2019, el esquema de contratos por servicios profesionales facilitó la distribución de 68 millones de dólares en la planilla 080, sumado a 10 millones en vales de gasolina, algunos de hasta 3,000 dólares mensuales para suplentes.

De acuerdo con la también abogada, en la administración 2019-2024, la Asamblea aumentó su presupuesto oficial de 30 millones de dólares a 150 millones anuales en 2024, acumulando un gasto acumulado de 964 millones de dólares. Todo esto ha sucedido con una fiscalización casi nula por parte de la Contraloría.

Según lo expresado por el diputado Luis Duke en Noticias AM, en el reglamento interno de la Asamblea existen "vacíos legales" sobre el manejo del presupuesto de la institución y la discrecionalidad del presidente del Legislativo de turno.