Piden a la Contraloría no refrendar compra de supuestos ventiladores usados

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI), solicitó al contralor general de la República, Gerardo Solís, que no refrende la supuesta compra de 53 ventiladores, que presuntamente al ser inspeccionados mostraron indicios de haber sido utilizados con anterioridad.

"Que los responsables de las omisiones enfrenten todas los posibles consecuencias administrativas y penales de sus actos, máxime que el Ministerio Público anunció que ha abierto una investigación sobre el caso", cita la nota de prensa emitida por la organización.

La solicitud hecha por Transparencia Internacional se hace en base a revelaciones de una nota periodística publicada por el diario La Prensa el pasado 10 de septiembre. El articulo titulado “Ventiladores viejos: un negocio redondo” detalla la compra de 53 ventiladores a las empresas Primo Medical Group Corp. y Primo Medical Health Cares Solution, al final del mes de marzo de 2020, filiales no registradas ni certificadas en ese momento como proveedores de insumos médicos en el Registro Nacional de Oferentes del Ministerio de Salud.

Para Transparencia Internacional,"de refrendarse esta contratación, se estaría enviando un mensaje muy negativo a las instituciones públicas y proveedores que siguen las reglas y procedimientos contenidos en las leyes que regulan la compra de dispositivos médicos, las cuales, con independencia o no de que estemos en tiempo de pandemia, tomando en cuenta la naturaleza de la adquisición, deben ser cumplidas, en función de que se trata de equipos que requieren ajustarse a una ficha técnica, y los distribuidores de los mismos deben pasar por unos controles mínimos para vender al Estado este tipo de insumos. Los criterios de refrendo no pueden ni deben limitarse los análisis de costos y precios".

Asimismo, añade que la Resolución de Gabinete de N°11 de 13 de marzo de 2020 que decretó el Estado de Emergencia y sus modificaciones no exonera que las compras públicas de insumos médicos, así sea por contratación directa, se realicen al amparo de la legislación vigente para dichos actos públicos, a saber:

-Ley N° 97 de viernes 04 de octubre de 2019 que modifica y adiciona artículos a la Ley 1 de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, y dicta otras disposiciones, publicada en la Gaceta Oficial No.28875-A del viernes 4 de octubre de 2019.

– Ley 90 de 26 diciembre de 2017 sobre dispositivos médicos y productos afines, conforme fue modificada por la Ley 92 del 12 de septiembre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial No.28875-A del viernes 4 de octubre de 2019.

-Decreto Ejecutivo No.490 del viernes 4 de octubre de 2019 del Ministerio de Salud que reglamente la Ley 90 del 26 de diciembre de 2017, y sus modificaciones, entre el Decreto Ejecutivo 83 de 2019, y los Decretos Ejecutivos 616 y 849 de 2020, ambos expedidos después de la declaratoria de estado de emergencia.

Además, destaca la misiva de la ONG, que si la compra fue realizada desde el Ministerio de la Presidencia, como se presume, dado que en una lista de cartas compromiso de pago aparece el detalle de la misma, o se diera desde el Ministerio de Salud, no es viable subsanar los errores de origen en este acto de compra directa ya que:

Incumplió lo establecido en el Artículo 17, Numeral 6, del Decreto Ejecutivo No 490 de 04 de octubre de 2019, y los equipos no habían sido previamente listados, homologados y aprobados por el propio Ministerio de Salud.

Igualmente, incumplió con el artículo 574 del Decreto Ejecutivo 95 del 14 de mayo de 2019, G.O. 28776-B del 17 de mayo de 2019, que señala que los interesados en participar en actos públicos como contratistas ofertando productos para la salud humana deben estar inscritos y con certificación vigente del Registro Nacional de Oferentes.

Cabe recordar que la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de oficio por el delito contra la administración pública.