Tema sobre supuestas esterilizaciones forzadas es abordado por la Defensoría y comisionados de la ONU

Las presuntas esterilizaciones forzadas en Bocas del Toro, fue el tema abordado durante una reunión que sostuvo el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, este miércoles 23 de febrero.

Durante este encuentro, también participa personal especializado de la entidad: médico, sicóloga y abogada que atendió la noche de este martes a una de las supuestas víctimas.

La denuncia sobre las supuestas esterilizaciones, fueron realizadas por al menos 12 mujeres de la comunidad indígena de Charco La Pava, área montañosa de difícil acceso ubicada en la provincia de Bocas del Toro, según hizo público en días pasados, la diputada suplente, Walkiria Chandler.

La diputada Kayra Harding presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que se iniciaran las investigaciones.

Una de las presuntas víctimas de esterilización en la comunidad de Charco La Pava en Bocas del Toro se presentó la noche de este martes a las instalaciones de la entidad rectora de los derechos humanos en compañía de la activista Lucy Córdoba.

Leblanc junto al equipo de trabajo incluyendo personal médico, de sicología y de asesoría legal recibió a la supuesta víctima, que por el derecho humano que le asiste y para “no revictimizarla”, se reserva su identidad.

Según el Defensor del Pueblo, se levantará un informe a la Oficina del Alto Comisionado, al igual que el relator de pueblos indígenas, de lo que se está haciendo al respecto, toda vez que es un tema bastante grave, que tiene a Panamá en la mira de organismos internacionales, puesto que hace poco estaban siendo evaluados por la comisión contra la erradicación de todo tipo de discriminación contra la mujer.

Se anunció que la Defensoría del Pueblo abrió una queja de oficio contra la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud y quienes resulten responsables, en caso se comprueben los hechos, pues el Estado es quien debe responder por tratos crueles, discriminación y violación de derechos humanos.