Suspenden primer debate del proyecto ley del contrato minero
Contrato minero
Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos suspendió la discusión en primer debate del proyecto de ley N°1043 que aprueba el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá S.A, y procedió a redactar una resolución para solicitar al Ejecutivo su retiro de la Asamblea Nacional.
Desde su presentación, el proyecto de ley generó innumerables jornadas de protestas ciudadanas en los predios del hemiciclo legislativo, que mostraron su oposición al contrato. En medio de la sesión, en la que también estaban presente los ministros Federico Alfaro Boyd (Ministerio de Comercio e Industrias) y Milciades Concepción (Ministerio de Ambiente), surgió un debate luego de que el diputado independiente Juan Diego Vásquez solicitara que la suspensión se hiciera a través de una votación y no por resolución.
La discusión estaba programada para retomarse a las 10:00 a.m. en el salón Azul de la Asamblea Nacional, sin embargo, en cuanto inicio la sesión, el diputado Roberto Ábrego, presidente de la comisión, presentó una propuesta a través de una resolución, para que se suspendiera la discusión en primer debate del contrato minero y recomendar al Ejecutivo el retiro del proyecto.
Ábrego indicó que, en todos sus años de experiencia política, este proyecto ha sido uno de los más consultados en el que se han tomado en cuenta las preocupaciones y sugerencias de la ciudadanía pese a que las consultas no son vinculantes. Para el diputado oficialista, dentro de este contrato existen puntos de vital importancia como los beneficiarios finales, el espacio aéreo y la expropiación, que merecen ser evaluados con mayor detenimiento.
Además del diputado Ábrego, quien fue el proponente de la resolución de suspender el debate y pedir al Ejecutivo que lo retire, también votaron a favor: Cenobia Vargas, Ariel Alba, Francisco Alemán y Víctor Castillo. En contra lo hicieron: Juan Diego Vásquez, Alaín Cedeño, Nelson Jackson y Elías Vigil, quienes solicitaron que el proyecto fuese rechazado.
Consumada la decisión, el titular de la cartera de Comercio e Industrias , Federico Alfaro Boyd señaló que tanto el presidente de la República, Laurentino Cortizo, como el Ejecutivo tienen toda la disponibilidad de tomar en cuenta cualquier recomendación válida que vaya en aras de mejorar el contrato para darle mayor tranquilidad a la población. Sin embargo, cuestionó la postura de algunas organizaciones que piden el rechazo del contrato, lo que pondría en riesgo, según su criterio, a más de 40 mil familias panameñas.
"Una cosa es pedir el rechazo y otra es hacerse responsable de las consecuencias negativas. Yo no he escuchado por parte de ninguno de estos grupos decirme cuál va a ser la solución a la contratación de esos 7 mil empleados directos de la mina".
Alfaro se reafirmó en su posición de que este nuevo contrato ley es "sustancialmente" mejor que el anterior. "El contrato habla por sí mismo, yo creo que pasar de 30 millones a 375 millones mínimo es un avance significativo en los mejores intereses del país, además de imponerle mayores requisitos ambientales a la empresa".
La discusión del contrato minero inició el pasado mes de agosto en la Asamblea Nacional con la participación de representantes de la sociedad civil, grupos ambientalistas, sindicatos y ongs, al tiempo que se organizaban protestas en los predios del hemiciclo a favor y en contra del proyecto. la consulta ciudadana se trasladó a las comunidades de San Miguel de la Borda y Coclesito en la provincia de Colón, y seguidamente a Llano Grande en el distrito de La Pintada en la provincia de Coclé, donde miembros de la comisión junto al ministro Federico Alfaro Boyd escucharon las preocupaciones y cuestionamientos de los residentes en cuanto al impacto ambiental del proyecto en sus tierras y en la biodiversidad de la región.
En tanto, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá recomendó que la discusión del proyecto de ley del contrato de concesión minera entre el Estado panameño y Minera Panamá S.A, sea suspendida y que la nueva relación contractual se someta al más amplio proceso de consulta ciudadana, debe ponderar elementos como los aquí esbozados.
*Con información de María De Gracia*
