Subcomisión remite a Comisión de Credenciales decisión sobre expediente contra Benavides

Por opiniones divididas, la Subcomisión designada para evaluar el expediente contra el magistrado de la Corte, Víctor Benavides, recomendó a la Comisión de Credenciales que el Plenodecidasi admite o no la denuncia.

La Subcomisión estaba integrada por los diputados, Ana Matilde Gómez, Marilyn Vallarino y Elías Castillo, este último la presidía y fue quien leyó la conclusión ante el pleno de la Comisión de Credenciales.

Se esperaba que la Subcomisión recomendara la admisión o rechazo de la denuncia contra Benavides, por supuesta pedofilia, pero en vista de que los comisionados tenían opiniones divergentes, se tomó la decisión de dejar el tema en manos del Pleno de la Comisión de Credenciales.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez, estimó que la denuncia de la sociedad civil, a través de la firma Vega y Álvarez reúne los requisitos mínimos del proceso penal para la admisión de la denuncia.

Gómez apuntó que la denuncia contiene relatos de hechos y enunciación de posibles tipos penales infringidos. Además resalta que Panamá es signataria de convenciones internacionales para la protección de los menores de edad.

Expuso la diputada independiente que la denuncia refiere la posible comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual y contra la administración pública por parte del magistrado Víctor Benavides.

En cambio, Marilyn Vallarino, diputada de CD, argumentó que no se aportó como prueba del delito, declaración de ningún supuesto agraviado, por lo que consideró que no procede la misión de la denuncia.

La denuncia fue interpuesta contra el magistrado Benavides por la firma Vega y Álvarez y presentó como prueba una carta manuscrita de Vicente Caballero, quien fue jefe de escolta del magistrado y está detenido por el secuestro de la madre de su jefe.

La principal denuncia contra Benavides de supuestos actos inmorales en perjuicio de menores de edad oriundos de Veraguas, con edades entre los 14 y 15 años de edad, para la fecha en de la supuesta perpetración de los hechos delictivos en 2010, observó Vallarino, convierte en mayores a los supuestos agraviados.

Vallarino sostuvo que los delitos de acción pública requieren denuncia de la parte ofendida para casos de acoso sexual cuando la víctima sea mayor y de ser menores quien ejerza la representación legal, tras lo cual añadió que bastara que la víctima presente ante el fiscal solicitud que se investigue el delito.

En cuanto a la denuncia de enriquecimiento ilícito,la diputada Vallarino expresó que aunque los servidores públicos están sometidos a procedimiento especial que obliga al imputado explicar el enriquecimiento, quien promueve la denuncia (Vicente Caballero) por sí solo no constituye prueba idónea.

"Se trata de una persona que evidentemente guarda enemistad comprobada contra Benavides, al punto que cumple pena de prisión por 15 años por incurrir en el secuestro de la madre de Benavides".

También el diputado Elías Castillo, presidente de la Subcomisión, coincidió con Vallarino que aunque se mencionan nombres de presuntas personas ofendidas o víctimas del delito, no consta denuncia y tampoco se tiene noticia de investigaciones por la Unidad de Análisis Financiero UAF en relación a hechos señalados, siendo que esa unidad recibe informes fuera de lo usual de los bancos.

También consideró que Caballero no es objetivo por cuanto está pagando un prisión por un delito contra un familiar cercano del magistrado Benavides. Sin embargo, discrepó con Vallarino en cuanto a que no procedía la denuncia, y en cambio sugiere que sea el pleno de la Comisión quien decida.

"Soy del criterio que el Pleno debe abocarse a tomar decisión sin dilación ya que se trata de decisiones muy sensibles", dijo Castillo, tras lo cual añadió que" solicito a la Comisión de Credenciales que evalúe con ecuanimidad la denuncia presentada a la luz de los elementos de hecho y derecho para arribar a conclusión que satisfaga el ideal de justicia, dar a quien lo que corresponde y respetando el principio del debido proceso, busque verdad para que se aclaren hechos denunciados".

En conclusión, la Subcomisión recomendó a la Comisión de Credenciales de la Asamblea tomar la decisión que corresponde ajustada al derecho.

El informe está firmado por los tres miembros de la Subcomisión, Marilyn Vallarino, Ana Matilde Gómez y Elías Castillo.