Solicitarán a Varela que vete el proyecto de Contrataciones Públicas

La aprobación en tercer debate el pasado viernes del proyecto de modificación a la Ley de Contrataciones Públicas ha dejado un mal sabor a algunos sectores de la sociedad, quienes pedían que se incluyera la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción en el extranjero para que no pudieran ganar licitaciones en el país.

Este fue uno de los temas tratados este domingo en el programa Radar, donde además se analizaron las consecuencias que tendrá para Panamá la futura publicación de todos los documentos como parte del escándalo de los mal llamados "Panama Papers.

Sobre las modificaciones a las contrataciones públicas, el diputado del Partido Panameñista y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Miguel Salas, defendió la aprobación del proyecto como se hizo, diciendo que la misma es transparente y que va a permitir que haya eficacia y eficiencia al momento de realizar contrataciones públicas.

Agregó que no es para nada justo que por el hecho de que no se agregó un solo artículo, se vaya a empañar o a desvalorar el trabajo que hicieron en la Asamblea Nacional, porque se aprobaron otros más de 130.

Destacó que pasaron al menos ocho meses en la búsqueda de consensos, antes de que se diera la aprobación del proyecto y mencionó que se aprobaron otros artículos como el tope para las adendas, se eliminaron las órdenes de compra apremiante, las licitaciones abreviadas y ahora deberá haber calificadores de riesgos internacionales.

El diputado dijo que desde que se creó la ley en el año 2005, no existía castigo para empresas que incurrían en lavado de dinero o corrupción y lo que podría cambiar tras la aprobación del proyecto de Ley 305, que modifica el texto único de la Ley 22 del año 2006, sobre Contrataciones Públicas.

Por su parte, Carlos Gasnell, representante de Transparencia Internacional, reconoció que el proyecto de Ley sí representa un avance, ya que se cambian algunos aspectos que se introdujeron en la administración anterior, donde hubo un sacrificio de transparencia y controles por agilidad y velocidad y poder sacar las obras rápido.

Agregó que el hecho de que realizaran los cambios, permitirían que nuevas empresas crean en el sistema y se motiven a participar de las convocatorias.

Carlos Ernesto González de la Fundación Libertad, sostuvo que hizo falta un poco más de trabajo y tiempo para llegar a una redacción que pudiese evitar que el país se viera involucrado en alguna situación complicada si más adelante alguna empresa es acusada de corrupción y generara algún tipo de conflicto con las obras que desarrolle el Gobierno.

La percepción que se tiene entre los integrantes del Movimiento Independiente (Movin), es que hubo una falta de voluntad política en cuanto al tema, ya que se trabajó mucho con representantes de diversas entidades y sectores.

Para Annette Planells, integrante del Movimiento Independiente (Movin), hubo un paso muy importante, en el hecho de que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, haya elaborado un comunicado en el que solicitaban la inhabilitación de las empresas corruptas.

“Por qué siempre se tiene que hacer un poco menos de lo que la ciudadanía pide, porque nos tenemos que quedar cortos y no enviar un mensaje claro de que somos cero tolerantes a la corrupción”. - Planells.

En tanto, Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, coincidió con Gasnell de que hay avances significativos en el proyecto de ley, pero al parecer todo indica que las cosas en Panamá, al final del día no se sacan como debe ser.

Quirós dijo no entender el por qué se tiene que esperar que se de “a tambor batiente” la aprobación de un proyecto de más de cien artículos en solo dos días y agregó que si las cosas no se hacen bien, los resultados tampoco serán buenos.

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, fue clara al decir que no está satisfecha por la aprobación del proyecto, puesto que se hicieron las sugerencias para que se adicionara un artículo que contemplara la inhabilitación de empresas vinculadas con corrupción, pero no fueron tomadas en cuenta.

Incluso, aseguró que hubo diputados que decían que intentar agregar ese artículo era inconstitucional, cuando no es así porque la Constitución no tiene nada escrito que hable de eso.

Maytín dijo que el mensaje que se envía tras la aprobación del proyecto, es un poco confuso, porque por un lado se le prohíbe a las empresas panameñas condenadas por corrupción participar, pero por el otro sí se permite la participación de empresas extranjeras, condenadas por delitos similares.

Por lo anterior, la zarina Anticorrupción lanzó la advertencia de que solicitará al presidente Juan Carlos Varelas, que vete el proyecto de ley.

Panama Papers

Sobre el escándalo internacional, Carlos Ernesto González, sostuvo que el Gobierno debería impedir la publicación del libro de los Papeles de Panamá porque es atacar la honra de ciudadanos panameños.

Asegura que no ha visto que el Gobierno haya hecho mucho para defender al país del escándalo.

Por su parte, Quirós considera que el tema es complejo y que se debe hacer una valoración de la importancia que tiene la información para el público.

Maytín apuntó a que es importante determinar el origen de la información, para poder dar una valoración, es decir, determinar si fue hackeada o proporcionada por algún funcionario de la firma de abogados Mossack – Fonseca.

En tanto Gasnell, considera que para el 9 de mayo, cuando se revele la totalidad de los documentos habrá un antes y un después.