Solicitarán investigar penalmente a la contralora

Organizaciones de la Sociedad Civil, agrupados en el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, solicitaron el mediodía de este martes investigar las actuaciones de la contralora Gioconda de Bianchini y sus asesores.

La solicitud se da en vista de las evidencias que surgieron durante la comparecencia de la Contralora ante la Asamblea Nacional de Diputados, en donde aceptó haber realizado refrendos a contratos, actos administrativos y órdenes de compra a sabiendas de que existían sobrecostos, además de que quedó claro que no hizo nada sobre el despilfarro de fondos públicos en el año preelectoral y las anomalías en cuanto a fondos públicos en varias entidades del Estado.

La agrupación pide que “la Asamblea de Diputados envíe un informe detallado de toda la actuación negligente de la Contralora y su equipo de asesores y de todas las denuncias que se dieron a conocer durante las sesiones del 19 y 20 de agosto a la Asamblea de Diputados.

Además, solicita que en el Ministerio Público se abra una investigación en relación a los sobrecostos y actos de corrupción denunciados durante la concurrencia de la Contralora a la Asamblea, en las que incurrió la Contralora y otros funcionarios.

También desean que la Corte Suprema de Justicia autorice el inicio de la investigación contra la Contralora General y ordene la suspensión provisional del cargo de esta funcionaria.

La agrupación también se prepara para la definición del perfil del nuevo Contralor e invita a toda la sociedad panameña a participar y ser vigilantes de este proceso.

En tanto, Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional dijo que ya se ha visto que el PAN fue utilizado para actos irregulares en política por lo que debe ser cerrado.

Igualmente, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, también sugirió que se deben eliminar las partidas circuitales (entregadas a los diputados) y discrecionales (del Ejecutivo) porque considera que son un robo al patrimonio de los panameños.

El letrado, Juan Carlos Arauz, miembro del Colegio de Abogados de Panamá, advirtió que las denuncias sobre uso de fondos públicos en política, sobrecostos y llave en mano, deben ser investigadas, porque de no ser así, el Estado y el Gobierno incurrirán en omisión.