Panamá sigue en la lista gris del GAFI, Gobierno reacciona

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá sigue en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tal como se conoció este viernes 24 de febrero.

La información se conoce tras la última reunión del GAFI, encargado de fijar estándares internacionales y promueve la implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas, además de otras amenazas.

Desde el año 2019, Panamá fue incluida en la lista gris y el Gobierno espera que el alza en la calificación acerque al país a salir de la lista discriminatoria del GAFI.

Gobierno Nacional reacciona

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó en un comunicado, que Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del plan con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a fin de solicitar la visita in situ, y presentar dichos avances por los representantes de cada institución.

Según la entidad, durante la última reunión del pleno del GAFI, Panamá obtuvo un alza de calificación de su plan de acción, y con éste, el país avanza en metas largamente cumplidas con 13 acciones de las 15 que fueron establecidas por el organismo, en junio del 2019.

Agrega el comunicado del MEF que, las dos acciones que se mantienen calificadas como parcialmente cumplidas, se presentaron avances significativos, por lo cual el Grupo Conjunto de las Américas del ICRG del GAFI, concluyó que, “a pesar de los desafíos técnicos que Panamá ha enfrentado para poblar el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), se reconocen los esfuerzos que el país está haciendo para implementarlo rápidamente”. De igual forma reconoce que “Panamá demostró que utiliza todos los mecanismos y facultades existentes para incrementar el registro, incluso antes de los plazos previstos”.

La entidad informó que, el Grupo Conjunto de las Américas reconoció los avances que ha dado Panamá en cuanto a la obtención de información por parte de las autoridades competentes, recomendando continuar poblando el registro y así asegurarse el acceso oportuno de dichas autoridades. 

“Por tanto, el reto a cumplir por Panamá para culminar el plan de acción es incrementar la carga de información de personas jurídicas en el RUBF, así como garantizar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a la información de beneficiarios finales. La acción que comprendía las investigaciones de blanqueo de capitales que tienen delitos fiscales extranjeros como precedente, fue calificada luego del cara a cara del mes de enero, como largamente cumplida, avanzando de esta manera de forma positiva con el cumplimiento del plan de acción”, recalcó el MEF.

Trascendió que el Grupo Conjunto de las Américas ha indicado que “Panamá demostró que tiene la habilidad para investigar y perseguir el blanqueo de capitales que tiene delitos fiscales extranjeros como precedente. El país fortaleció sus capacidades legales e institucionales a través de una Fiscalía Especializada en investigaciones de Lavado de Dinero para delitos fiscales cometidos en el extranjero. Además, dio inicio a 10 investigaciones de posibles delitos fiscales extranjeros y ha obtenido 2 condenas y decomisos por este tipo de delito”.

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), realizó en el año 2022, 3,064 supervisiones in situ, lo que representó el 100% de ejecución de su plan de supervisión anual y de las cuales 2,526 fueron dirigidas al sector de abogados / agentes residentes. De igual forma, realizaron 152 supervisiones in situ de las cuales 90 fueron al sector de abogados / agentes residentes. 

Acciones ejecutas de julio 2019 a febrero 2023

1. Actualización del capítulo V de la Evaluación de Riesgo, en materia de financiamiento del terrorismo y actualización de las evaluaciones sectoriales de riesgo de los sectores no financieros y análisis de riesgo de uso de efectivo.
2. Desarrollo del análisis de riesgo de las personas jurídicas y los fideicomisos y su estrategia de mitigación, la cual se ha cumplido conforme a los tiempos. Igualmente, desarrollo de análisis de riesgos de los sectores no financieros.
3. Modificación del Código Penal con el fin de penalizar el envío ilegal de remesas. Ley 123 de 31 de diciembre de 2019.
4. Incremento sustancial de las supervisiones basadas en riesgo a los sujetos obligados no financieros.
5. actualización e implementación del Manual de supervisión mejorando con esto el cumplimiento de los sujetos obligados (incremento de ROS).
6. Modificación del marco legal para aumentar las sanciones hasta US$5 millones, ajustándolas a la naturaleza de la infracción, tamaño de la entidad informante, entre otras consideraciones. Ley 254 de 11 de noviembre de 2021. Aumento de imposición de sanciones por los organismos de supervisión por incumplimiento en normas ALA/CFT.
7. Se elevó la Intendencia a Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), dotándola de mayor recurso económico, humano y tecnológico, incluyendo nuevas instalaciones. Ley 124 de 7 de enero de 2020.
8. Establecimiento de mecanismos eficaces para supervisar las actividades de las entidades offshore, incluyendo un mejor conocimiento del volumen de activos y se adoptaron medidas para evitar su abuso. Decreto Ejecutivo 35 de 6 de septiembre de 2022; emisión de Guías y Resoluciones por la SSNF.
9. Implementación de las medidas para prevenir el uso indebido de directores nominales. Implementación de suspensión de personas jurídicas, Decreto Ejecutivo 905 de 20 de septiembre de 2019; emisión de guías y resoluciones por la SSNF.
10. Creación e implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), el cual está totalmente operativo, cargado a un 36% y las autoridades competentes han utilizado esta herramienta de forma exitosa. Además, dichas autoridades competentes continúan, por facultad legal, requiriendo información de beneficiario final, de manera directa a los agentes residentes y mantienen múltiples evidencias de la obtención de la misma en tiempo oportuno. Ley 129 de 17 de marzo de 2020, Decreto Ejecutivo 13 de 25 de marzo de 2022, Decreto Ejecutivo 15 de 30 de marzo de 2022 y Decreto Ejecutivo 2 de 30 de marzo de 2022.
11. Elaboración de una Guía práctica para las investigaciones financieras paralelas y las autoridades ya se encuentran utilizándola.
12. Incremento significativo del uso de productos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de las investigaciones de lavado de dinero en relación con áreas de alto riesgo identificadas en la evaluación nacional, incluyendo las cifras de incautaciones, aprehensiones o decomisos.
13. Fortalecimiento de las capacidades legales e institucionales del Ministerio Público, a través de la creación de una Fiscalía Especializada en investigaciones de lavado de dinero para delitos fiscales cometidos en el extranjero. Adicionalmente, se modificó el artículo 288-J del Código Penal para asegurar la efectividad de la Ley 70 de 2019. Así mismo, se ha evidenciado la habilidad de Panamá para investigar y procesar casos de blanqueo de capitales con delitos de evasión fiscal como delito precedente, cometidos en el extranjero. Ley 116 de 5 de diciembre de 2019.