Sociedad Civil rechazó modificación de Ley de la Contraloría, Solís responde

Preocupación y un rotundo rechazo fue expresado por un conjunto de organizaciones de la Sociedad Civil, respecto a la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022 que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 32 de 1984), así como la Ley 67 de 2008 que regula la Jurisdicción de Cuentas.

Según las organizaciones, la modificación viola la Constitución al crear fueros y privilegios para los funcionarios de la Contraloría.

Además, la Ley 351 ya sancionada por el Ejecutivo, debilita la institucionalidad panameña en materia de prevención y sanción de la corrupción pública, al otorgarle al Contralor General de la República poderes discrecionales que le permitirá decidir, sin contrapeso alguno, qué investiga o deja de investigar.

Se trata de una concentración de poder muy peligrosa, que amenaza el Estado de Derecho y la democracia.

Entre las organizaciones firmantes de este comunicado están: Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Transparencia Internacional Panamá, Movimiento Ciudadano Anticorrupción Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN) y la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, entre otros.

Objeciones

1. La Ley Orgánica de la Contraloría definía la institución en su artículo 1, como “un organismo estatal independiente de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos…”.

Esa definición varía en la nueva ley, al señalar que la Contraloría actuará “…sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona”, lo que implica que la institución no tendría obligación de responder a las peticiones de auditorías que le solicite el Ministerio Público o la Jurisdicción de Cuentas, impidiendo así que se obtengan los sustentos necesarios para realizar investigaciones que involucren bienes públicos.

2. Se establece que los informes de auditoría e investigaciones serán aprobados o cerrados y archivados por el Contralor General, “según a su criterio corresponda”, otorgando a dicho funcionario un poder único y discrecional, ajeno a los criterios legales y objetivos que deben guiar estos procesos.

 Además, esta facultad discrecional del Contralor menosca la propia independencia de los auditores de la institución.

3. En lugar del concepto de “partidas adecuadas” que establecía la Ley Orgánica ahora derogada, la nueva ley impone al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la obligación de asignar partidas presupuestarias que “no serán inferiores al presupuesto aprobado del año anterior”, lo que supone una camisa de fuerza para la Dirección de Presupuesto del MEF.

4. Además del principio de legalidad para el ejercicio de las funciones del control previo y posterior que realiza la Contraloría, la nueva ley añade los conceptos de “sana crítica” y “buena fe”, dos principios ajenos a los procesos de fiscalización que deben determinar la corrección o no del uso de los fondos públicos.

Estos dos elementos, además, añaden criterios de discrecionalidad que puede abrir la puerta a la corrupción y la impunidad.

5. A pesar de la expresa prohibición constitucional, se crean fueros y privilegios en favor de los funcionarios de la Contraloría, al quitarles el carácter de empleado de manejo aunque - Página 2 de 2 - reciban, recauden, manejen, etc. fondos o bienes públicos.

 Con ello se les coloca por encima de la ley, y se les excluye de ser investigados por la Jurisdicción de Cuentas y ser responsables penalmente en caso de lesiones patrimoniales 6. Se otorga poderes a la Contraloría de interferir en el manejo del personal de todas las entidades del Estado, al prohibir los despidos de los auditores internos de las instituciones que hayan sido certificados y capacitados por la Contraloría.

Con ello, la institución asume funciones propias de la Dirección de Carrera Administrativa. En vista de las claras violaciones a la Constitución en las que incurre la Ley 351 de 2022, anunciamos que estaremos presentando las acciones judiciales correspondientes. Panamá, 3 de enero de 2023.

Contralor responde

El contralor Gerardo Solís respondió a los señalamientos de la organizaciones de la sociedad civil con una invitación pública para conversar.

"En atención al comunicado emitido en el día de hoy por algunas organizaciones civiles sobre la ley de la contraloría y por considerar la mayoría como organizaciones serias bien intencionadas con nobles propósitos el contralor Gerardo Solís extiende una invitación públicamente a dichas organizaciones de la sociedad civil para escuchar sus aprensiones y plantearles razonadamente las bondades y ventajas de la nueva ley", así lo manifestó un comunicado de la Contraloría.