Consideran que el sistema judicial que le da tratamiento a magistrados es deficiente

Que haya una resolución oportuna y no existan retrasos injustificados para producir las decisiones, es lo que considera el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, debería ocurrir con las denuncias contra magistrados y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, que se encuentran actualmente en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el abogado, el sistema judicial que le da tratamiento, tanto a magistrados como a diputados es “un sistema deficiente, que permite cualquier tipo de señalamiento”.

Según Araúz, hay que poner en contexto que como todo despacho judicial, lo relevante de las facultades judiciales de la Asamblea, es que las decisiones estén debidamente motivadas.

Para el jurista, a lo largo del tiempo el reproche más permanente es que las resoluciones con las que se archivan estas denuncias podrían carecer de un sustento o lógica jurídica que permita a la ciudadanía, principalmente, sentir la tranquilidad de los análisis.

En el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el abogado explicó que al no existir un régimen disciplinario a lo interno de esta entidad que evalúe el comportamiento administrativo o de faltas a la Ley de Carrera Judicial en contra de los magistrados, la tendencia es la de recurrir a la única instancia institucionalizada que es la Asamblea.

En este sentido, sostuvo que hay que diferenciar qué son faltas administrativas o disciplinarias de un magistrado de la Corte Suprema, frente a lo que serían delitos que la Constitución estableció como competencia de la asamblea.

“Por eso es relevante, el tema de las motivaciones dentro de una resolución judicial que diferencie este universo, para eso existiría el artículo 151 de la Ley de Carrera Judicial, que habla sobre la autoridad competente para faltas disciplinarias o de ética y que el pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene como una tarea pendiente, legislar su propio mecanismo de sanción a sus magistrados”, aseveró el jurista.

Esto último, según Araúz, para que la Asamblea Nacional no se convierta en un escenario que no fue diseñado para revisar comportamiento ético y disciplinario.

Agregó que parte de la percepción ciudadana de la existencia de un pacto de “no agresión” entre ambas instituciones, estaría obviamente en que la subjetividad con la cual las leyes que tienen que ser aplicadas en materia de procedimiento judiciales tanto para magistrados, como para diputados son leyes que tienen demasiados vacíos y demasiados señalamientos.

“A lo largo del tiempo se ha puesto de manifiesto es que ambos procedimientos tanto para magistrados como para diputados, debiesen ser una réplica del procedimiento que se utiliza para el ciudadano común, es decir las investigaciones deben arrojar los mismos efectos, si se tuviese una ley general de procedimiento”, manifestó.