¿En qué consiste la iniciativa para modificar la Ley de Transparencia?

No existe un interés por parte del Órgano Ejecutivo de presentar un proyecto de Ley de Conflicto de Intereses, de acuerdo con lo planteado por el diputado independiente, Gabriel Silva.

Para Silva, con ello no se ha cumplido con lo prometido por el mandatario Laurentino Cortizo, en su plan de gobierno y, por el contrario, se ven actuaciones de altos funcionarios del Estado que pasan desapercibidas y sin sancionar.

Silva presentó recientemente una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia de 2002 y aseguró que la normativa como la de conflicto de intereses, incluye temas sobre la contratación de familiares, donantes de campañas que no pueden contratar luego con el Estado, entre otros.

El diputado señaló en el programa radial Mesa de Periodistas, que se han realizado mesas técnicas con organismos como Transparencia Internacional capítulo de Panamá e instituciones públicas, para analizar este último proyecto que está actualmente en segundo debate.

Sobre el proyecto de modificación de la Ley de Transparencia, Silva explicó que se trata de algo sencillo, en específico el artículo 14, numeral 8, el cual fue utilizado por el Ejecutivo para restringir el acceso a la información que surja en el Consejo de Gabinete.

“La normativa lo permite y es peligroso, es un caso bastante claro, porque este numeral es muy amplio, lo que implica que no nos podemos enterar sobre discusiones como por ejemplo de los puertos, minería, regreso a clases, vacunas o lo que sea que surja de este Consejo de Gabinete”, destacó.

Lo que se busca entonces, es modificar solamente el numeral 8 del artículo 14, toda vez que en este artículo se establecen otros temas en donde el acceso a la información puede ser restringida de forma temporal, como los de seguridad pública, que a juicio del diputado son de entender, su reserva.

Explicó que la Ley consta de dos artículos, el segundo de estos hace que la sea retroactiva, es decir, que tiene un efecto hacia el pasado al declararla de orden público e interés social, por ende, la última Resolución de restricción sería invalidada.

“Lo que sea que estén queriendo encubrir u ocultar, va a tener que ser revelado a la ciudadanía”, afirmó.

Advirtió que en un momento delicado donde se está pasando por una pandemia y donde hay tantas contrataciones públicas, justificadas o no, donde hay tantos cuestionamientos, es esencial que la ciudadanía entienda lo que se está discutiendo, cómo se llegaron a estas discusiones y que haya una verdadera rendición de cuentas.