Mulino sobre extinción de dominio: 'Es un asunto delicado, ese proyecto que se presentó no es'

Ciudad de Panamá, Panamá/Presentar una nueva ley sobre extinción de dominio a la Asamblea Nacional o hacerle cambios a la ya presentada estaría dentro del radar del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino.

El actual gobierno presentó en dos ocasiones una ley sobre extinción de dominio de bienes ilícitos, señalando que dicha norma era necesaria para combatir el crimen organizado, pero no logró que la Asamblea Nacional, controlada por su bancada, el oficialista Partido Revolucionario Democrático, aprobara la ley.

Este viernes, tras ser consultado sobre este tema, el presidente electo manifestó que es un asunto "muy delicado", pues a su juicio, "ese proyecto que se presentó no es". Al preguntarle si presentaría cambios, manifestó que sí.

El proyecto de extinción de dominio fue impulsado por el actual ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, quien planteó, en reiteradas entrevistas, incluso en el pleno de la Asamblea Nacional, que ese proyecto era un instrumento jurídico enfocado en enfrentar el poder de la delincuencia organizada y debilitar sus capitales. Pero desde el principio no tuvo apoyo de la mayoría legislativa, a pesar de que diputados viajaron a Colombia para conocer sobre esa jurisdicción.

El 27 de abril de 2023, el primer proyecto presentado por el Ejecutivo fue rechazado en segundo debate por los diputados. Se quejaban, por ejemplo, de quiénes serían los magistrados que conformarían el Tribunal Especializado en Extinción de Dominio, que la ley buscaba crear; los plazos para la prescripción, los cuales intentaron bajar a 10 años. Tampoco querían que la norma se aplicara a delitos contra la administración pública.

El segundo intento se presentó el 18 de agosto de ese mismo año, pero quedó engavetado en la Comisión de Gobierno, a pesar de que el actual diputado y presidente del Legislativo, el perredista Jaime Vargas, dijo que sí estaban preparados para debatir el proyecto.

Esta última iniciativa establece, por ejemplo, que los procesos para recuperar bienes producto de actividades ilícitas podrían ser abiertos de “oficio” y serían de carácter “reservado” hasta que se ejecute una medida cautelar o se presente la solicitud de extinción de dominio. Además, eliminaba la imprescriptibilidad contemplada en el proyecto de ley original y se establecía que la acción extintiva del dominio prescribe a los 15 años.