Endurecen sanciones por robos o hurtos cometidos en lugares de uso público como escuelas, hospitales, iglesias y otros
Estas reformas son vistas como una respuesta a la creciente preocupación de la sociedad panameña sobre la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este lunes 16 de diciembre, se publicó en Gaceta Oficial las modificaciones al Código Penal, referente al númeral 1 del artículo 214, que recoge las sanciones por los delitos de robo o hurto que se cometen en lugares de cosas destinadas al uso público.
A través de la Ley 460, se modificaron los artículos 214 y 219, con el objetivo de endurecer las penas en casos específicos, en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad en espacios públicos y privados, así como la protección de bienes de uso colectivo.
Modificación del artículo 214: Hurto en espacios sensibles
El primer cambio establece que el hurto en determinadas circunstancias recibirá penas más severas.
Según el nuevo texto del artículo 214, se impondrá una sanción de prisión de cinco a diez años si el hurto ocurre en lugares como oficinas, centros educativos, centros de salud, hospitales públicos o privados, archivos o establecimientos públicos.
Además, se contempla un agravante si el hurto ocurre en lugares destinados al uso público, en iglesias y templos religiosos.
También se aumenta la pena si el robo afecta los fondos de los clubes de padres de familia de los centros educativos, ya sean oficiales o privados.
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Refuerzo en las penas por robo: artículo 219
El artículo 219 del Código Penal también fue modificado para imponer penas más estrictas en casos de robo.
Ahora, la pena por robo puede ser aumentada hasta la mitad si se dan ciertas condiciones, como el uso de armas, la presencia de más de una persona, la afectación de la libertad personal de la víctima o si se causa una lesión.
También se considera un agravante si el robo es cometido en perjuicio de un turista, o si ocurre en el contexto del transporte público o en centros educativos y hospitales.
Con estas reformas, las autoridades buscan responder de manera más contundente ante situaciones que, debido a su contexto o lugar de ocurrencia, son consideradas de mayor gravedad.
Estas medidas también buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos en espacios de alta concentración pública y proteger los bienes de instituciones clave, como centros educativos y de salud.
Entrada en vigor
La Ley 460 entrará en vigor al día siguiente de su promulgación y marca un paso más en el fortalecimiento del sistema de justicia penal en Panamá.
Estas reformas son vistas como una respuesta a la creciente preocupación de la sociedad panameña sobre la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo.