Sanciones por violar toque de queda y veto parcial a Ley de Contrataciones bajo el análisis del presidente del CNA

Un promedio de 500 personas son detenidas diariamente por violar la cuarentena lo que genera un desgaste en la Fuerza Pública, situación que ha llevado a que se presente en la Asamblea Nacional, un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, para sancionar de 5 a 8 años de cárcel a quién incurra en esta desobediencia.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, dijo en entrevista en Noticias AM, que evidentemente, en medio de la situación que se vive surge la reflexión de cuál debe ser la solución para los infractores de la medidas sanitarias y toque de queda.

Recalcó que se da paso a una preocupación, ya que el derecho penal tiene que tener una intervención de última instancia, es decir, que deben existir situaciones previas que analicen cuáles son los motivos de las personas infringen.

Agregó que, no cabe duda que quién lo haga de forma dolosa y para desafiar a la autoridad tiene que tener una consecuencia y allí entraría el catálogo de sanciones, por lo que existen sanciones administrativas y en el artículo 308 del Código Penal, ya existe para la infracción penas de prisión por el incumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades.

Algunos sectores han dicho que no es el momento para discutir este tipo de ley.

Para el presidente del CNA, adicional estaría la problemática que coloca en el contexto la capacidad del Sistema Penitenciario.

“En este momento lo que menos se debe es solucionar un problema creando otro”, puntualizó.

Sobre el veto parcial de la Ley de Contrataciones, Araúz dijo que en este tema debe puntualizarse, que es para corregir, pero que en el tema de la sanción se abre un debate de lo que entiende la población sobre dicha sanción, que es una privación absoluta.

Sin embargo, argumenta que al entrar a los temas de derecho se encuentra que la finalidad de la pena no es para excluir al individuo o empresa sino para reinsertarlo.

“La sociedad no ha encontrado aún una fórmula para sentirse reparada por actos de corrupción del pasado y entra en contradicción con la nueva legislación", recalcó.