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Ciudad de Panamá/La ley que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá fue sancionada este miércoles 21 de noviembre, por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
La ley sancionada se trata de una norma legal que establece que, para obtener la idoneidad de abogado, se requiere aprobar un examen de conocimientos éticos y profesionales.
El presidente Cortizo sancionó la ley en un acto oficial que se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Palacio Presidencial. También firmó el documento el ministro de Gobierno, Roger Tejada.
Por primera vez en 38 años se modificó la Ley que regula la profesión de abogado.
Esta nueva norma deroga la Ley 9 del 18 de abril de 1984 (que hasta la fecha regula la profesión), estableciendo como nuevo requisito la aprobación de un examen profesional para obtener la idoneidad de abogado.
El 9 de agosto se establece como Día del Abogado, fecha conmemorativa del natalicio del doctor Justo Arosemena. La ley comienza a regir a los 3 meses de ser promulgada en Gaceta Oficial.
Cortizo sancionó la nueva ley, luego de que la Asamblea Nacional acogiera las recomendaciones del Ejecutivo tras un veto parcial de algunos artículos del proyecto inicial.
Además, se mantienen los otros requisitos para ser abogado idóneo en Panamá: tener nacionalidad panameña y poseer un título universitario de Licenciatura en Derecho o Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas expedido por una universidad oficial o particular.
En caso de que el diploma sea expedido por una universidad en el exterior, el documento debe ser revalidado por la Universidad de Panamá.
El mandatario Cortizo señaló que esta nueva ley “debe contribuir a reforzar los principios que deben imperar en la relación cliente-abogado. El ejercicio de la abogacía tiene el desafío de adaptarse a las nuevas realidades del mundo cambiante”.
Según el Presidente de la República, la Ley “demuestra el avance y compromiso de los abogados panameños con la sociedad, la ética y el régimen de Ley y justicia en nuestro país”.
El examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía será aplicado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, conforme a un temario previamente establecido, y para su aprobación, se requerirá un puntaje mínimo estipulado con antelación.
El examen no tendrá ningún costo y, en caso de que el aspirante no lo apruebe, podrá presentarse a la siguiente convocatoria.
La ley también establece sanciones por el delito de ejercicio ilegal de la abogacía. Además, se prohíbe ejercer de abogado por intermedio de sociedades anónimas u otras de carácter mercantil.
Los abogados que laboran como funcionarios regulares, asesores jurídicos o consultores en cualquier dependencia del Estado o de los municipios no podrán gestionar ante la misma entidad o dependencia oficial en la cual prestan sus servicios.